El precio de perder la confianza

La confianza de quien emprende porque sabe que las reglas del juego son estables. La de quien invierte convencido de que las instituciones funcionan. La de quien investiga porque cree que el mérito será reconocido. La de quien paga sus impuestos esperando que se administren con honestidad. Y la de millones de trabajadores que madrugan cada mañana convencidos de que el esfuerzo sigue siendo el mejor camino para prosperar.

Cuando esa confianza se debilita, las consecuencias trascienden la política. Se frenan las inversiones, disminuye la productividad, el talento busca oportunidades en otros países y la sociedad empieza a asumir que cumplir las normas ya no merece tanto la pena como encontrar la forma de sortearlas. Ese es el verdadero riesgo al que se enfrenta hoy España.

En los últimos años se ha instalado una peligrosa sensación de impunidad. La responsabilidad política parece haberse convertido en una excepción; la ejemplaridad institucional ha cedido terreno al cálculo partidista y la transparencia suele llegar demasiado tarde, muchas veces impulsada por investigaciones judiciales y no por la voluntad de rendir cuentas.

Más allá del desenlace de cada procedimiento, el daño sobre la credibilidad de nuestras instituciones ya está hecho. Y esa pérdida de credibilidad tiene un coste económico que rara vez aparece en los Presupuestos Generales del Estado, pero que pagan cada día trabajadores, empresas y familias. Porque la confianza también cotiza.

Cotiza cuando una empresa decide instalar una fábrica en España o hacerlo en otro país. Cotiza cuando un investigador brillante opta por desarrollar aquí su carrera o marcharse al extranjero. Cotiza cuando un emprendedor decide asumir riesgos o renuncia porque considera que el esfuerzo ya no compensa. Y también cotiza cuando el Estado transmite el mensaje de que el fraude puede resultar rentable.

Un ejemplo especialmente preocupante es la evolución del absentismo laboral. Conviene decirlo con claridad: quien enferma merece toda la protección del Estado. Esa es la esencia de un Estado del bienestar digno y solidario. El problema no es quienes necesitan una baja médica. El problema es quienes convierten un derecho en un abuso y la falta de determinación para combatir ese fraude, perjudicando precisamente a quienes utilizan el sistema de forma legítima.

Los datos muestran una evolución que no puede ignorarse. Solo entre enero y abril de este año, el gasto en incapacidad temporal alcanzó los 6.163 millones de euros, un 13 % más que en el mismo periodo del año anterior. Durante 2025 superó los 18.400 millones de euros, mientras que el coste total del absentismo —sumando prestaciones, costes empresariales, sustituciones y pérdida de productividad— se estima ya en torno a 30.000 millones de euros anuales, cerca del 2 % del PIB. Detrás de esas cifras no solo hay un problema presupuestario.

Hay miles de pequeñas empresas que ven comprometida su actividad. Hay compañeros que asumen una carga de trabajo mayor. Hay autónomos que no pueden permitirse dejar de trabajar ni un solo día. Hay recursos que podrían destinarse a reforzar la sanidad, la educación, la ciencia o la vivienda y que terminan consumidos por un sistema incapaz de diferenciar con suficiente eficacia entre quien necesita protección y quien se aprovecha de ella.

Los primeros perjudicados son, una vez más, quienes cumplen. Porque el fraude nunca lo pagan quienes lo cometen. Lo pagan los ciudadanos honestos. Pero el absentismo es solo un síntoma.

Cuando una sociedad percibe que incumplir sale barato, esa cultura termina extendiéndose a otros ámbitos. Se normaliza la falta de responsabilidades políticas. Se acepta que las explicaciones solo lleguen cuando las exige un juez. Se confunde la resistencia en el poder con la fortaleza institucional. Y poco a poco se erosiona el principio básico sobre el que descansa cualquier democracia avanzada: la igualdad de todos ante las normas.

Ninguna economía puede aspirar a ser competitiva si la confianza desaparece. No existe inversión sin seguridad jurídica. No existe innovación sin instituciones fuertes. No existe productividad cuando el mérito deja de ser un incentivo. No existe crecimiento sostenible cuando el esfuerzo pierde valor social.

Los países más prósperos no son únicamente aquellos que disponen de mejores infraestructuras o de una menor presión fiscal. Son aquellos donde las reglas son claras, las instituciones son creíbles y los gobernantes entienden que la ejemplaridad no es una virtud privada, sino una obligación pública. España necesita recuperar esa cultura de la responsabilidad.

Eso significa proteger sin fisuras a quien realmente está enfermo, pero también perseguir con decisión a quien defrauda. Significa reforzar los mecanismos de control, reducir las listas de espera para facilitar la recuperación, mejorar la coordinación entre administraciones y favorecer la reincorporación laboral cuando sea posible.

Pero significa, sobre todo, recuperar la confianza en nuestras instituciones. Porque las instituciones no se fortalecen con discursos. Se fortalecen con ejemplaridad. Con transparencia. Con responsabilidad. Con gobiernos que entienden que la primera obligación de quien ejerce el poder es respetar las mismas reglas que exige a los ciudadanos.

Desde el Partido Popular defendemos una España donde el mérito vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder; donde trabajar, emprender e innovar vuelva a ser la mejor garantía de progreso; y donde las instituciones recuperen el prestigio que solo puede construirse desde la integridad y el ejemplo. Porque la prosperidad nunca nace del privilegio. Nunca nace del fraude. Nunca nace de la resignación. Nace de millones de españoles que cada mañana cumplen con su deber sin pedir nada extraordinario a cambio. Solo esperan que su Gobierno haga lo mismo.

Porque cuando un país deja de premiar el esfuerzo y empieza a tolerar el fraude, no solo pierde recursos económicos. Pierde inversión. Pierde talento. Pierde oportunidades. Y, sobre todo, pierde la confianza. Y no existe país próspero capaz de sobrevivir mucho tiempo cuando sus ciudadanos dejan de confiar en él.