La Audiencia Nacional frena el cobro de 152 millones del impuesto energético a Repsol y da aire a la petrolera

La Audiencia Nacional ha acordado suspender de forma cautelar el pago de 152,4 millones de euros que la Agencia Tributaria reclamaba a Repsol por el Gravamen Temporal Energético correspondiente al ejercicio 2023. La medida supone un importante balón de oxígeno para la compañía presidida por Antonio Brufau y dirigida por Josu Jon Imaz, mientras continúa la batalla judicial sobre uno de los tributos más controvertidos aprobados por el Gobierno.

En un auto fechado el pasado 24 de junio, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima la petición de la energética y paraliza la ejecución de la liquidación tributaria confirmada previamente por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que ascendía exactamente a 152,415 millones de euros.

Los magistrados consideran que obligar a Repsol a desembolsar de inmediato esa cantidad podría provocar un perjuicio difícilmente reparable si finalmente la Justicia terminara dando la razón a la empresa. En su resolución destacan que existe un "riesgo relevante de pérdida de la finalidad legítima del recurso", ya que una futura sentencia favorable no eliminaría completamente los efectos económicos derivados de un pago de semejante magnitud.

La Audiencia Nacional también subraya que esta suspensión cautelar no perjudica gravemente al interés general, puesto que la deuda tributaria permanece garantizada mediante un aval bancario solidario que Repsol ya presentó durante la tramitación administrativa del procedimiento. La medida queda condicionada a que la compañía acredite la vigencia y suficiencia de dicho aval.

Otro de los argumentos que han pesado en la decisión judicial ha sido la postura de la Abogacía del Estado, que no se opuso a la suspensión cautelar siempre que continuaran vigentes las garantías aportadas por la empresa. Según el tribunal, esta circunstancia refuerza la procedencia de la medida y se ajusta a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre este tipo de procedimientos.

El conocido como impuesto extraordinario a las energéticas estuvo vigente durante 2023 y 2024 y gravaba con un 1,2% las ventas de las compañías del sector con una facturación superior a los 1.000 millones de euros anuales. El Gobierno intentó posteriormente convertir este gravamen en permanente, aunque la iniciativa terminó decayendo en el Congreso de los Diputados al no lograr los apoyos necesarios.

Desde su aprobación, las principales empresas energéticas cuestionaron tanto la legalidad como el diseño del impuesto y recurrieron las liquidaciones ante los tribunales. Repsol fue una de las compañías que mostró una oposición más firme a la medida y, además, la más afectada económicamente.

Durante los dos años de vigencia del gravamen extraordinario, la petrolera abonó cerca de 800 millones de euros, convirtiéndose en la empresa que soportó el mayor impacto de esta figura tributaria. La decisión de la Audiencia Nacional no resuelve todavía el fondo del litigio, pero supone una victoria procesal de gran relevancia para la compañía y un precedente que podría influir en otros recursos similares presentados por el resto del sector energético.