De empleo y otras cosas

Esta semana ha resucitado una cuestión muy interesante, por mucho que algunos se empeñen en no verla y otros en simplificarla. La inmigración económica no viene sólo buscando "paguitas" ni se traduce directamente en empleo. Y la diferencia importa, porque es real y porque la pagamos todos.

Ya hemos dicho muchas veces que la inmensa mayoría de los inmigrantes ilegales (a diferencia del resto) tienen una cualificación laboral que les impide acceder a puestos de trabajo desde los que sus ingresos (y por tanto impuestos y cuotas de la seguridad social) cubran los gastos que generan, y mucho menos los costes de sus futuras pensiones (que son deficitarias por diseño).

El estado de los salarios en España (por debajo del resto de Europa para los mismos trabajos) y el de la oferta real de empleo (peor, para muchos grupos, de lo que parece) junto al coste disparado de la vivienda, animan a muchos de esos emigrantes a seguir su camino. Los datos de Funcas dicen que "sólo" el 50,7% de los inmigrantes detectados seguían en el país diez años después. Dejando aparte que los datos estimados siempre son sólo estimaciones, esto nos dice algo sobre nuestro propio mercado.

Por supuesto, hay que atemperar ese dato con otro: buena parte de la inmigración ilegal es francófona o incluso anglófona, o al menos no habla español, por lo que su capacidad de lograr un trabajo no depende del idioma sino de la existencia de un terreno de acogida propicio. Históricamente esto ha llevado a Bélgica y Francia (idioma común) o Inglaterra (mercado dinámico, fuertes comunidades musulmanas). A medida que más y más comunidades se establecen por el resto de Europa, esto se diluye: las comunidades existentes en el Levante español, o en la ribera del Ebro, o en el mar de plástico, ya son capaces de servir de destino para los inmigrantes centrados en la agricultura.

El efecto de la inmigración sobre la vivienda es el opuesto a la "gentrificación" de la que tantos se quejan en la banda izquierda. No son las zonas acomodadas las que se ponen fuera de alcance: son los barrios donde se esperaría que el metro cuadrado bajara, pero donde la demanda hace que no lo haga pese al creciente riesgo de okupación e impago. Del mismo modo, este riesgo, derivado en gran parte de una población en situación (económica y legal) irregular, es un factor importante en la retirada del mercado de pisos que no están en manos de "tenedores" malévolos sino de personas mayores y pequeños ahorradores.

La combinación de demanda (presión sobre el precio) y oferta (reducción por riesgo) deja la situación en un punto tóxico para los españoles... y para los inmigrantes. La diferencia es que la mayor parte de los inmigrantes tienen menos problemas para cambiar de lugar y buscar terrenos con mejores salarios y precios.

El problema evidente está en el siguiente paso. Una familia española no se mueve con facilidad porque tiene arraigo. ¿Qué factores reducen la movilidad de una persona inmigrante, especialmente ilegal, e impiden que busque lugares donde su presencia sea más digestible por los mercados? ¿Qué crea o reduce fricción a ese cambio?

Ya hemos hablado del idioma y de los grupos de apoyo locales (personas del mismo entorno de origen, o al menos de la misma religión y cultura). El tercer factor son los incentivos sociales y económicos relativos. Es decir, el acceso a servicios públicos, el trato dado por la autoridad, y la disponibilidad y facilidad de acceso a ayudas económicas.

Esos tres factores son lo que diferencia a unos países europeos de otros para aquellos inmigrantes que no tienen una limitación de idioma (es decir, para todos los que no vienen de Hispanoamérica, que son la mínima parte de los ilegales).

En España, las administraciones han creado ramas enteras para atender a estos inmigrantes como si fueran titulares de derechos no ya plenos, sino en ocasiones mayores que los de los nativos; se facilitan servicios que legalmente requieren al menos identificación legal, a personas que aseguran no tenerla; y se diseñan ayudas específicamente para poder apoyar a estas personas. Esto no sólo crea tensiones con los nacionales, y en las infraestructuras que deben dar esos servicios, sino que distorsionan las decisiones de "seguir viaje" o no, de millones de personas.

La elección de acoger o no debe ser una decisión consciente. Crear o mantener leyes para ignorarlas sistemáticamente sólo distorsiona los mercados y dificulta conocer los costes reales de las decisiones políticas. Y definir las normas (y las ayudas) sin tener en cuenta todos sus efectos, es la mejor manera de crearse problemas casi irresolubles.

Marruecos no habría podido promover el caos de Ceuta si no se lo hubiéramos puesto en bandeja. No habría inmigrantes irregulares sin trabajo en España (porque hay alternativas) si no les hiciéramos tan caro irse. O al menos declarar que se han ido.