por fin sumar toma una buena medida para todas las familias que padecen estas circunstancias
Bustinduy pide unanimidad para culminar la reforma de dependencia y discapacidad
El Senado ha dado luz verde al texto con 235 votos a favor y 23 abstenciones antes de su regreso al Congreso para la aprobación definitiva.
Más de 450 usuarios de las residencias de la Fundación de Dependencia se benefician de la terapia asistida con animales. REMITIDA / HANDOUT por CAIB 19/8/2026
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado un respaldo unánime en el Congreso a la reforma de dependencia y discapacidad, que amplía derechos, reduce burocracia y refuerza la autonomía personal.
Una decisión que según ha podido saber Esdiario es muy aplaudida por las familias que sufren estas circunstancias. De hecho y con cierta sorna afirman que ya era hora de que el partido de Yolanda Díaz hiciera algo verdaderamente bueno por España.
La petición llega después de que el Senado aprobara el miércoles 9 de septiembre el texto modificado de la norma por una amplia mayoría: 235 votos a favor, ninguno en contra y 23 abstenciones. Entre los apoyos estuvieron PP, PSOE y Junts, mientras Vox, ERC, EH Bildu y PNV optaron por la abstención. La incorporación de modificaciones obliga ahora a devolver el proyecto al Congreso de los Diputados, que tendrá la última palabra sobre el texto definitivo.
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Paco Torres
El Ministro pide un acuerdo que englobe a todo el mundo
Bustinduy ha calificado la aprobación en la Cámara Alta como un hecho «fundamental e importantísimo» y ha defendido la necesidad de preservar el amplio consenso político y social alcanzado alrededor de la Ley de Dependencia y los derechos de las personas con discapacidad.
El ministro ha realizado un llamamiento a los grupos parlamentarios para que antepongan el interés general a sus estrategias políticas y permitan que la votación definitiva refleje, a su juicio, el consenso existente en España sobre la necesidad de reforzar el sistema público de cuidados.
Bustinduy considera que la reforma adquiere una especial relevancia ante el envejecimiento de la población y la creciente necesidad de garantizar un sistema capaz de ofrecer cuidados y apoyos adaptados a las circunstancias personales.
El proyecto plantea sustituir progresivamente el modelo institucional por cuidados personalizados y próximos al domicilio
¿Menos burocracia?
Uno de los principales objetivos de la reforma de dependencia y discapacidad es avanzar desde un modelo centrado fundamentalmente en la atención institucional y residencial hacia otro que priorice la permanencia de las personas en sus hogares y entornos habituales siempre que así lo deseen.
La norma amplía los servicios y prestaciones disponibles, impulsa la atención domiciliaria y desarrolla la asistencia personal profesional. También reconoce la teleasistencia como un derecho y contempla nuevos apoyos en viviendas y la cesión temporal de productos destinados a mejorar la autonomía de las personas.
La reforma persigue además reducir trámites administrativos, eliminar determinadas incompatibilidades entre prestaciones y adaptar el sistema a las necesidades concretas de cada usuario, situando su voluntad y sus preferencias en el centro de las decisiones sobre los cuidados.
También desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución, reformado en 2024, para reforzar los derechos, la inclusión y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
El Estado asumirá por ley el 50% de la financiación del sistema de dependencia
Más financiación para la dependencia
El cambio del modelo de cuidados se acompaña de una importante ampliación de los recursos destinados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
El Gobierno aprobó en junio una movilización adicional de aproximadamente 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027 respecto a los últimos Presupuestos Generales del Estado.
La reforma incorpora además el compromiso de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación de la dependencia, compartiendo el coste con las comunidades autónomas, que mantienen las competencias de gestión del sistema.
El incremento de los recursos estatales está destinado, entre otros objetivos, a reducir las listas de espera, ampliar la intensidad de las prestaciones, incorporar nuevos usuarios, mejorar los cuidados domiciliarios y reforzar las plantillas encargadas de prestar los servicios.