Precios energéticos de crisis y tres decretos en seis meses

Hace dos semanas, en "Agosto: precios de crisis y política de parches", recuperábamos una expresión que parecía reservada para 2022: precios energéticos de crisis.

Desde el primer Real Decreto-ley 7/2026 de medidas anticrisis, aprobado en marzo, junio seguía empeorando, por lo que llevó al gobierno a su prorroga con el Real Decreto-ley 18/2026.

Pero Julio sigo incrementando los precios. Agosto había cerrado con la electricidad mayorista en 118,25 €/MWh, el segundo agosto más caro de la serie reciente. Y septiembre no sólo ha corregido aquella tendencia, sino que la ha agravado: el mercado diario ha promediado 143,72 €/MWh, un 21,5% más que en agosto y un 135% por encima de septiembre de 2025. Y octubre ha arrancado con 152,01 €/MWh en el mercado diario. 

Fracaso de las antiguas medidas, que se siguen prorrogando

Sin embargo, las rebajas del IVA para la electricidad, el gas y la biomasa, y del Impuesto Especial a la Electricidad no han llegado a aplicarse, porque los condicionantes de IPC que impuso el gobierno para ello, lo han impedido. Las medidas para el gas y la electricidad quedan como parches para el relato y el anuncio, pero sin efectividad práctica.

En este contexto entra en vigor el Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, tercer escalón de esta cadena, afirmando el vicepresidente y Ministro Cuerpo, que se prorrogan porque las medidas anteriores “han funcionado”. 

Fracaso en la rebaja del IVA electricidad y gas

Cuerpo, simplemente, niega la realidad con todo descaro. En agosto y septiembre no se activó la rebaja del IVA del 21% al 10% ni la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad desde el 5,1% al 0,5%, porque el mecanismo exigía un incremento interanual del IPC eléctrico superior al 15%.

Octubre comienza también sin ninguna de esas rebajas, aunque septiembre haya sido el mes eléctrico más caro del año. El RDL 25/2018 sólo contempla recuperarlas en noviembre y diciembre, pero otra vez condicionadas a que el IPC específico de septiembre u octubre supere ese umbral del 15%.

Es decir: el precio mayorista puede duplicarse respecto al año anterior y, sin embargo, el alivio fiscal no se activa automáticamente porque la referencia elegida no es el precio del mercado, sino un indicador estadístico retrasado y con un umbral muy elevado. El diseño limita la frecuencia de activación de las rebajas, pero también reduce su capacidad para responder de forma inmediata al recibo.

Fracaso en los carburantes, en precios récord

En cuanto a los carburantes, que, si aplicaron descuentos con medidas anteriores, ocurre algo distinto.

El nuevo Real Decreto-ley recupera en octubre una rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos de 20 céntimos por litro para gasolina sin plomo y gasóleo; baja a 13 céntimos en noviembre y a 6 en diciembre, salvo que los IPC específicos activen de nuevo las salvaguardas.

Es decir, se rebajan y retiran gradualmente los descuentos, pese a que el precio de los carburantes sigue siendo. A ello se añade la prorroga de ayudas para transporte por carretera, para gasóleo agrario y para pesca.

El resultado es un conjunto complejo de tipos reducidos, ayudas directas, devoluciones y condiciones distintas según producto y sector, pero sin incremento alguno de ellas, pese a la escalada de precios desde marzo y desde junio. Y se anuncian protestas públicas de los sectores afectados.

Engaño con la tarifa de ultimo recurso en gas

El gas ofrece otro ejemplo de la inconsistencia e insuficiencia de las ayudas.

El propio RDL reconoce que el MIBGAS alcanzó un máximo anual de 85 €/MWh el 14 de septiembre y que, con la metodología ordinaria, el término de materia prima (Cn) de la Tarifa de Último Recurso (TUR) habría pasado de 2,65 a 5,63 céntimos/kWh, provocando una subida total de la tarifa superior al 45%.

Para evitar ese salto, el RDL limita en octubre el aumento del término Cn al 35%; como ese componente representa aproximadamente el 30% de la tarifa, el Gobierno estima que la subida final de la TUR quedará alrededor del 15%.

Pero Aagesen no dice la verdad, porque oculta que el nuevo Real Decreto ley autoriza una nueva subida del 15% del Cn en la revisión de enero, por lo que la subida final puede superar ampliamente el 20%; entre el 22% y el 29%, según se trate de TUR 1, TUR 2 y TUR 3.

Y oculta también que lo que ahora no se sube, se subirá en los meses posteriores hasta pagar la totalidad del coste real del Cn. Porque el coste no desaparece. La diferencia respecto a la fórmula ordinaria se acumula como deuda, devenga coste financiero y se recuperará en revisiones posteriores. Incluso quien abandone la TUR antes de que se amortice deberá pagar la parte de deuda que le corresponda. En términos económicos, se difiere parte del impacto hacia revisiones futuras.

La bombona de butano, por las nubes

Con la bombona de butano sucede algo parecido.

Desde el 15 de septiembre cuesta 18,84 euros, un 5,7% más que en mayo. El RDL fija un techo de 19,55 euros hasta junio de 2027. No congela, por tanto, el precio actual: todavía permite una subida adicional de 0,71 euros, un 3,77%. Y ese techo es un 20,2% superior a los 16,27 euros vigentes en septiembre de 2025. Si la fórmula ordinaria arroja un precio superior, la diferencia también se recuperará después.

Y ya preocupa la seguridad de suministro para invierno

Hay, sin embargo, una novedad relevante en el RDL 25: el foco ya no está solo en compensar precios.

El RDL eleva la obligación de almacenamiento de GNL del Plan Invernal de 16,5 a 21 días y modifica el régimen de renovables, cogeneración y residuos para reforzar su contribución al control de tensión. Por cierto, cuestión esta última muy relevante para dilucidar responsabilidades del apagón y que tiene enjundia para un comentario monográfico en un próximo artículo.

En cualquier caso, el paquete del nuevo RDL amplía así la respuesta desde la fiscalidad y las ayudas hacia las reservas, la flexibilidad y la operación segura del sistema.

Ya no solo son los precios, es también la seguridad de suministro, después de que hace unos días la industria acogida voluntariamente al Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), tuviera que parar por novena vez en lo que va de año.

Insistir en el error hasta el desastre final

En seis meses hemos pasado del RDL 7 al 18 y ahora al 25, con tres calendarios distintos de prorrogas, rebajas y enfoques variados para las ayudas. Ayudas que, o no aplicaron, o han quedado claramente insuficientes ante la evolución de los precios.

Pero el gobierno insiste en la misma dirección y para hogares y empresas resulta difícil saber qué impuesto pagarán dos meses después; y para el sistema, algunas decisiones estructurales siguen llegando mezcladas con normas de emergencia.

El debate que queda abierto es si esta secuencia temporal de parches sobre parches dará paso a un marco más previsible a medio y largo plazo que combine fiscalidad, almacenamiento, redes y seguridad de suministro.

La Alianza para la competitividad industrial ha sido clara: "Esta crisis puede dar la puntilla a la industria si no se toman medidas. Si se entiende cuál es la situación y aun así no se adoptan medidas, hay una responsabilidad"

Y es que hacen falta medidas, no parches que no sirven. Piden rebajas fiscales efectivas, mantener la reducción de peajes y más ayudas por CO2 para evitar el colapso. Por ahí se debería empezar…