¿Cuánto cuesta la celebración de unas elecciones generales?

El coste de las elecciones generales del 29 de noviembre obligará al Gobierno a movilizar recursos de los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, mientras las subvenciones electorales a los partidos dependerán de los resultados y de los gastos justificados.

La convocatoria anticipada anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre un nuevo frente presupuestario para el Ejecutivo. 

Las elecciones del próximo 29 de noviembre no estaban previstas en el calendario de 2026, por lo que su financiación deberá encajarse en unas cuentas públicas que continúan funcionando con las dotaciones aprobadas para 2023 y sus posteriores modificaciones.

El Real Decreto 806/2026, publicado el 6 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), formalizó la disolución del Congreso y del Senado y activó los procedimientos electorales establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

El desembolso se repartirá entre la organización material de las votaciones, gestionada principalmente por el Ministerio del Interior, y las ayudas públicas destinadas a financiar las campañas de los partidos políticos.

No había partida asignada en los Presupuestos de 2026 

La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado no impide celebrar las elecciones, pero obliga al Ejecutivo a utilizar los mecanismos presupuestarios previstos para atender gastos que no estaban contemplados inicialmente.

Entre ellos figuran las ampliaciones de crédito, que permiten incrementar las dotaciones disponibles, y el fondo de contingencia, reservado para necesidades inaplazables de carácter no discrecional que surgen durante el ejercicio presupuestario.

El Gobierno deberá afrontar pagos relacionados con la impresión de papeletas, la distribución de documentación electoral, el funcionamiento de los colegios, la seguridad, los sistemas informáticos y el despliegue de las administraciones públicas.

¿Cuánto costaron las últimas? 

La referencia más cercana es la convocatoria del 23 de julio de 2023, cuya organización contó con un presupuesto de 220,87 millones de euros.

La mayor partida correspondió a Correos, con 101,5 millones de euros, seguida de los gastos de las administraciones públicas, que superaron los 81 millones.

El elevado desembolso postal estuvo relacionado con las características de aquella convocatoria, celebrada en pleno verano y con una utilización extraordinaria del voto por correo.

Los servicios postales absorbieron prácticamente 46 de cada 100 euros presupuestados para organizar las elecciones.

Correos concentró cerca de la mitad del presupuesto electoral de 2023, con 101,5 millones de euros

Esta circunstancia introduce una diferencia importante respecto al 29 de noviembre de 2026. 

La celebración de los comicios fuera del periodo estival podría reducir la presión sobre los envíos postales, aunque el efecto final dependerá del número de solicitudes de voto por correo y del coste de los servicios contratados.

Desglose 

Una parte relevante del desembolso se destina al funcionamiento de las mesas electorales, la impresión de papeletas, las urnas y la documentación necesaria para celebrar la jornada.

La normativa vigente establece una dieta de 75 euros para los presidentes y vocales titulares de las mesas electorales. 

Los suplentes únicamente tendrán derecho a percibirla cuando deban asumir efectivamente alguno de esos puestos.

También deben financiarse los dispositivos de seguridad, la actividad de la Oficina del Censo Electoral y los equipos encargados de recoger y transmitir los resultados provisionales.

En 2023, el apartado destinado al escrutinio y las telecomunicaciones alcanzó los 13,41 millones de euros.

Este sistema permite centralizar los datos procedentes de las mesas y ofrecer resultados provisionales durante la noche electoral, además de mantener los servicios digitales de información pública.

¿Cuánto gastaron los partidos en las elecciones de 2023? 

A los gastos de organización se añade la financiación pública de las campañas desarrolladas por los partidos políticos.

En las generales de 2023, el Tribunal de Cuentas consideró justificados 58 millones de euros de gastos electorales, de los cuales 33 millones correspondieron a operaciones ordinarias de campaña y otros 25 millones a envíos de propaganda.

Esta cantidad representa el gasto de campaña considerado justificado en la fiscalización y no debe confundirse automáticamente con el importe definitivo de las subvenciones públicas abonadas.

Las formaciones políticas declararon unos ingresos de 57 millones de euros para financiar sus campañas. El endeudamiento bancario representó el 63% de esos recursos, mientras que los adelantos de subvenciones aportaron otro 24%.

Las aportaciones de las propias organizaciones representaron el 12% y las contribuciones privadas, alrededor del 1%.

La principal novedad económica está en la subvención para el envío de propaganda electoral, que pasa de los 0,23 euros de 2023 a 0,26 euros por elector en 2026.

La revisión responde a la evolución de los costes de las actividades postales, mientras que las subvenciones por escaño y por voto permanecen congeladas.

Entre los 100 y los 125 días posteriores a las elecciones, las formaciones obligadas a rendir cuentas deberán presentar una contabilidad detallada de sus ingresos y gastos electorales ante el Tribunal de Cuentas.

El organismo comprobará la documentación presentada, el respeto a los límites legales y la correcta utilización de los recursos.

En la fiscalización de 2023, el Tribunal propuso reducir las subvenciones de seis de los 16 partidos examinados por un importe conjunto de 208.000 euros, debido a diferentes incumplimientos de la normativa.