El desequilibrio fiscal

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado esta semana una advertencia que cualquier gobierno responsable debiera tomarse muy en serio. La deuda pública mundial continúa creciendo, los costes de financiación aumentan y, consecuentemente, el margen para seguir gastando sin afrontar las consecuencias es cada vez más pequeño.

El FMI advierte de que retrasar los ajustes fiscales puede obligar a adoptar medidas mucho más dolorosas en el futuro. España tiene la experiencia de lo que pasó durante el segundo mandato de Zapatero cuando, en lugar de afrontar la gravedad de la crisis, el Gobierno prometía brotes verdes que terminaron desembocando en un durísimo recorte social anunciado por el propio Zapatero en 2010.

Y es que las deudas no desaparecen por ignorarlas y los intereses no dejan de acumularse porque un gobierno prefiera mirar hacia otro lado.

Y mientras los organismos internacionales alertan de los riesgos del endeudamiento, Pedro Sánchez sigue confiando en que el crecimiento económico y el aumento de la recaudación basten para corregir los desequilibrios de las cuentas públicas, sin afrontar con suficiente determinación los problemas estructurales de nuestras finanzas.

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, la deuda pública española ha aumentado en más de 530.000 millones de euros en términos absolutos, hasta llegar prácticamente al 100% del PIB.

Y lo realmente preocupante es que este endeudamiento persiste mientras la recaudación tributaria bate récords. Recaudación que sale de los bolsillos de la cada vez más extenuada clase media.

Solo en los ocho primeros meses de 2026, los ingresos fiscales han aumentado el 9,7% respecto al mismo período del año anterior y, sin embargo, el Estado acumulaba hasta agosto un déficit de casi 42.000 millones de euros.

No parece que el problema sea precisamente la falta de ingresos, sino la incapacidad de contener el crecimiento del gasto público y ajustar las cuentas a los ingresos disponibles.

La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de que España necesita un ajuste de unos 10.000 millones de euros para cumplir la regla de gasto de este año, y eso que no hablamos del equilibrio fiscal, es decir, de gastar lo mismo que ingresas. Pero Sánchez continúa gobernando con unos Presupuestos de 2023, prorrogados sucesivamente, sin presentar unas nuevas cuentas públicas que permitan debatir las prioridades de gasto y afrontar los desequilibrios de nuestras finanzas. Quizás por eso mismo no lo ha hecho.

Pero la deuda pública tiene una característica que el Gobierno parece empeñado en olvidar: no es gratis. Hay que pagar intereses y, cuando llega su vencimiento, devolverla o emitir nueva deuda para refinanciarla.

La rentabilidad del bono español a diez años ha llegado a alcanzar el 4,2%, su nivel más alto desde 2014 y aunque esa subida no se traslada inmediatamente a toda la deuda acumulada, sí encarece progresivamente su financiación. Cuanto mayor es el volumen de deuda, más expuestas quedan nuestras cuentas públicas a los cambios en los tipos de interés.

Y es aquí donde aparece la verdadera factura del desequilibrio fiscal crónico de Sánchez. Cada euro adicional destinado a pagar intereses es un euro que no podemos destinar a sanidad, educación, infraestructuras o aliviar la presión fiscal sobre las familias.

El problema ya no es únicamente cuánto dinero debe España, sino cuánto nos costará seguir debiéndolo en un escenario en el que financiar nuestra deuda resulta cada vez más caro.

Hay una realidad que los gobiernos adictos a emitir deuda prefieren obviar, que la deuda pública de hoy son impuestos futuros el día de mañana. Porque cuando un gobierno, pongamos que hablamos de Sánchez, gasta sistemáticamente más de lo que ingresa, no está haciendo desaparecer el coste de sus decisiones, simplemente lo está trasladando al futuro.

Y ese futuro lo representan las próximas generaciones de españoles, que tendrán que destinar una parte cada vez mayor de sus recursos a financiar una deuda que no decidieron contraer, pero de cuya devolución tendrán que hacerse responsables, quieran o no. Por eso es tan injusto.

Pero seamos claros, el problema no es endeudarse para financiar inversiones que generan riqueza y mejoran la productividad. El problema es recurrir sistemáticamente al endeudamiento para sostener un gasto corriente que no somos capaces de financiar con nuestros ingresos. Ahí está el problema.

Porque gobernar no debería consistir en disfrutar hoy de los beneficios políticos del gasto y dejar la factura a nuestros hijos.

Pedro Sánchez lleva años confundiendo la capacidad de gastar con la capacidad de gobernar. Pero gobernar no consiste en repartir hoy unos recursos que no tenemos, sino en administrar responsablemente los que tenemos y garantizar que quienes vengan después puedan hacer lo mismo.

Las advertencias del FMI no son una conspiración contra el Gobierno. Son un recordatorio de que las leyes de la economía (y de las matemáticas) no se derogan mediante un Consejo de Ministros y de que las facturas, por mucho que se escondan, siempre acaban llegando.

Sánchez puede seguir ignorando las advertencias confiando en que el problema estalle cuando ya no esté en La Moncloa. Pero hay algo que debería recordar antes de pedir nuevamente la confianza de los españoles el 29N, las elecciones pueden poner fin a un Gobierno, pero no a las deudas que deja atrás.

Porque Sánchez pasará, sus deudas se quedarán y la factura la acabaremos pagando entre todos.