Orden, Seguridad y Prosperidad

Antes de gastar un euro público convendría recordar lo que cuesta ganarlo. Hay nóminas, horas extraordinarias y negocios enteros detrás de cada ingreso de Hacienda. Lo sabemos en nuestras casas y debería tenerse igual de presente al aprobar un contrato o conceder una ayuda. Administrar ese dinero exige más cuidado del que pondríamos con el nuestro, porque quien lo aporta no puede elegir dejar de hacerlo.

El INE ha confirmado esta semana una inflación del 4,9% en septiembre, seis décimas más que en agosto. El transporte se ha encarecido un 10,5% interanual, con una importante influencia de los combustibles. Son costes que llegan al negocio antes que los clientes y al presupuesto familiar antes que la siguiente nómina.

Además, la inflación puede elevar la recaudación sin mejorar la capacidad económica de quien paga. Si una compra sujeta al mismo tipo de IVA pasa de cien a ciento diez euros, también aumenta el impuesto. El consumidor desembolsa más sin llevarse nada más a casa. Por eso, una recaudación creciente no basta para presumir de gestión. Hay que explicar de dónde viene y para qué sirve.

Y aquí aparece una pregunta que atraviesa toda la actualidad política: ¿con qué respeto se ha tratado el dinero de los españoles?

El rechazo del Supremo a los incidentes de nulidad de Ábalos y Koldo mantiene sus condenas por el caso de las mascarillas y deja abierta la vía del amparo constitucional. Las investigaciones sobre presuntas comisiones en obra pública, con Santos Cerdán entre sus protagonistas, y las pesquisas sobre una posible financiación irregular del PSOE mantienen otros interrogantes pendientes. Son responsabilidades y procedimientos distintos, pero todos obligan a examinar cómo se utilizó el poder.

El caso Leire mantiene abiertas las preguntas sobre los pagos y las presuntas maniobras para obstaculizar investigaciones. El juez ha rechazado por ahora imputar al PSOE como persona jurídica y continúa las diligencias. Este 15 de octubre hemos conocido, además, la denuncia de la jueza Biedma por un presunto seguimiento. Esclarecer lo ocurrido y garantizar su seguridad resulta inaplazable.

Begoña Gómez y Cristina Álvarez tienen abierto juicio oral, aunque la Fiscalía solicita su absolución. La condena a David Sánchez está recurrida y no es firme. Y siguen las investigaciones sobre ayudas públicas, entre ellas Plus Ultra. Cada causa debe resolverse con sus pruebas y sus garantías.

Sánchez debe explicar sus decisiones y sus nombramientos. La responsabilidad política no puede quedar suspendida hasta que termine el último recurso.

La corrupción también empobrece. Cuando una adjudicación depende de una comisión, la empresa que ha invertido en mejorar su oferta puede perder frente a quien ha invertido en conseguir un contacto. Se malgasta dinero y se altera algo fundamental: la relación entre trabajar bien y obtener un resultado. ¿Qué incentivo tiene una empresa para innovar si sospecha que el contrato se decide por otra vía?

Por eso, hablar de orden, seguridad y prosperidad obliga a concretar cómo se gobierna.

España necesita orden en sus cuentas. Cada programa de gasto debería tener un objetivo comprobable, un plazo y una evaluación que permita decidir si se mantiene, se corrige o se suprime. Una partida no puede renovarse indefinidamente por la sencilla razón de que ya estaba en el presupuesto anterior.

En contratación pública debemos poder seguir el coste completo de una obra, desde la adjudicación hasta la liquidación final, incluidas sus modificaciones. Comparar lo prometido con lo pagado y explicar las desviaciones debería formar parte de la gestión ordinaria. Gastar mal hoy reduce el margen para financiar mañana la sanidad, la educación o las infraestructuras.

También hace falta proteger al contribuyente de las subidas de impuestos que se producen por el mero efecto de los precios. Actualizar los mínimos y los tramos del IRPF para evitar que una subida salarial destinada a compensar la inflación eleve por sí sola la carga fiscal sería una decisión concreta. Su coste debe presupuestarse y acompañarse de una revisión del gasto. La seriedad de una propuesta empieza por explicar cómo se financia.

Necesitamos seguridad para invertir y para vivir. En vivienda, eso significa suelo disponible, plazos administrativos que se cumplan y servicios municipales capaces de tramitar licencias sin convertir la espera en un coste añadido. Agilizar exige medios y coordinación para resolver antes, cumpliendo los requisitos técnicos.

El alquiler asequible requiere más viviendas, ayudas dirigidas a quienes las necesitan y garantías para propietarios e inquilinos que cumplen. Y exige evaluar las medidas adoptadas. Si una decisión reduce la oferta o dificulta el acceso, habrá que corregirla, por mucho que se haya defendido desde una tribuna.

La prosperidad exige producir mejor. Como profesora, me preocupa que la formación y la investigación encuentren tantas dificultades para convertirse en empleo aquí. Una ayuda a la innovación debería facilitar que un proyecto avance, con convocatorias previsibles, justificaciones proporcionadas y una evaluación de sus resultados. El tiempo de un investigador también cuesta dinero, aunque se consuma rellenando formularios.

La industria necesita energía competitiva y saber cuándo podrá disponer de ella. Una inversión puede quedarse sin ejecutar por un permiso pendiente o por la incertidumbre sobre su conexión eléctrica. Resolverlo requiere coordinar administraciones, fijar responsables y cumplir calendarios. Es un trabajo poco vistoso, pero de él dependen fábricas y puestos de trabajo.

Como concejal y portavoz del equipo de gobierno de Miengo, un municipio cántabro de algo más de 5.000 habitantes, puedo afirmar que pocas satisfacciones se comparan con pasear por sus calles con la cabeza alta. Saludar a los vecinos sabiendo que puedes explicarles qué has hecho con su dinero y para qué tomaste cada decisión. Eso no significa acertar siempre. Significa trabajar con honradez, reconocer los errores y responder por tu gestión. Para mí, el orden, la seguridad y la prosperidad empiezan ahí.

Esa misma exigencia debe llegar al Gobierno de España. Eso espero del cambio que representa Alberto Núñez Feijóo: poder discutir sobre presupuestos que se cumplen, viviendas que se construyen e inversiones que llegan a ejecutarse. Y exigir responsabilidades cuando algo falla, sin que toda crítica se convierta en una supuesta conspiración.

El dinero público tiene dueño, aunque algunos lo olviden: los españoles que lo han ganado trabajando.