Que trabajar merezca la pena: el reto de reformar las ayudas sociales

La propuesta de Alberto Núñez Feijóo para integrar el ingreso mínimo vital y los subsidios en una prestación vinculada al empleo abre el debate sobre cómo garantizar que trabajar siempre compense y permita salir adelante

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular.Europa Press

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Aceptar un trabajo debería mejorar la vida de quien lleva meses buscándolo. Parece evidente. Pero si, al hacer cuentas, esa persona descubre que entre los apoyos que pierde y los gastos que asume apenas le queda nada más, tenemos un problema. Y la Administración tiene la obligación de resolverlo.

Por eso me interesa la renta de activación anunciada por Alberto Núñez Feijóo dentro del plan de reconstrucción nacional del PP. La propuesta de reunir el ingreso mínimo vital y los subsidios en una prestación vinculada a la búsqueda de empleo aborda una cuestión que considero fundamental: cómo conseguir que una ayuda permita salir adelante y que trabajar compense de verdad.

Hablamos de muchas familias. En octubre de 2026, la estadística del ingreso mínimo vital alcanzaba a más de 911.000 hogares y cerca de 2,8 millones de personas, según el Ministerio de Inclusión. En los subsidios ordinarios por agotamiento del paro o cotización insuficiente, el SEPE fija 570 euros mensuales durante los primeros 180 días, 540 durante los siguientes 180 y 480 a partir de entonces, mientras dure el derecho. Con esas cantidades, cualquiera puede imaginar lo difícil que resulta pagar un alquiler y sostener una casa.

A mí no me basta con que la ayuda llegue, aunque pagarla a tiempo sea lo primero que debemos garantizar. Quiero que quien pueda trabajar tenga una oportunidad de dejar de necesitarla. Me cuesta aceptar que nos conformemos con resolver el mes sin preguntarnos qué pasará después.

Desde un ayuntamiento, estas preocupaciones se ven muy cerca. Detrás de la solicitud está un vecino, una familia del municipio. La responsabilidad no termina al tramitar el expediente. También debemos preguntarnos por qué esa persona no encuentra empleo, qué formación necesita o qué le impide aceptar una oferta.

Porque pedir que se busque trabajo es fácil. Ayudar a encontrarlo exige bastante más: conocer los puestos disponibles, ofrecer formación útil y acompañar a quien lleva tiempo fuera del mercado laboral. La Administración también tiene que cumplir. No podemos pedir compromiso al beneficiario y responderle con otra cita y otro formulario.

Pensemos en una madre que recibe una oferta, pero necesita pagar desplazamientos y unas horas de cuidado para sus hijos. Hará cuentas antes de aceptar, como las haríamos cualquiera de nosotros. El IMV ya contempla compatibilidad con ingresos del trabajo e incentivos al empleo. La reforma debe mejorar ese mecanismo y evitar que la retirada de apoyos deje a esa familia en una situación peor justo cuando empieza a trabajar.

También hay que decirlo con claridad: quien pueda trabajar debe comprometerse con la búsqueda de empleo y aprovechar las oportunidades adecuadas que se le ofrezcan. Y quien tenga una enfermedad, una discapacidad o responsabilidades de cuidado que dificulten esa incorporación necesita una respuesta adaptada a su situación. No podemos tratar todos los casos igual por comodidad administrativa.

El debate sobre el absentismo exige el mismo rigor. Randstad Research, con datos del INE, lo situó en el 7,2% de las horas pactadas en el segundo trimestre de 2026; 5,6 puntos correspondían a bajas médicas. Según la Seguridad Social, las prestaciones por incapacidad temporal supusieron 18.413 millones de euros en 2025, un 11,8% más que el año anterior. Es gasto en protección durante la enfermedad. Presentarlo como coste del fraude sería falsear el dato.

Esa magnitud obliga a mejorar la atención sanitaria y la gestión de las bajas, y a perseguir los abusos que se acrediten. El programa del PP plantea actuar contra el absentismo fraudulento y mejorar la protección de las enfermedades severas y de larga duración, con hasta el cien por cien de la base reguladora. Comparto ambas medidas. Quien está enfermo necesita seguridad; quien engaña para cobrar una prestación perjudica a todos, especialmente a quienes dependen de ella.

No acepto que reclamar controles se presente como una falta de sensibilidad. Administramos dinero que sale del trabajo de los ciudadanos. Cuidarlo es nuestra obligación, igual que evitar que alguien con derecho a una ayuda se pierda entre trámites o espere meses sin respuesta. Entiendo el enfado de quien cumple y ve que otros abusan. Y también el de quien necesita ayuda y no consigue que nadie le conteste.

Ahora habrá que explicar cuánto recibirá cada familia y qué ocurrirá cuando entre un sueldo en casa. Quien acepta un empleo necesita saber con qué dinero contará al terminar el mes. Respaldo la iniciativa de Feijóo y espero que su desarrollo responda a esa preocupación tan concreta.

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Una ayuda puede sostener a una familia en su peor momento. Conseguir que vuelva a vivir de su trabajo merece el mismo esfuerzo político. Eso es lo que pido: proteger mientras haga falta y hacer todo lo posible para que trabajar permita vivir mejor.