El sablazo fiscal de Sánchez también incluye tres subidas para las rentas bajas

"Fiscalidad verde". Ese es el nombre que le ha puesto el Gobierno al conjunto de impuestos en el Plan de Recuperación que remite a Bruselas para dar luz verde a los fondos. Un grupo de tasas que no se engloban en la "fiscalidad justa y progresiva" que tanto recalcan, sino que también afectará de manera notable a los bolsillos de los españoles por igual, en medio de la mayor crisis económica de los últimos años.

El más clamoroso es el caso del impuesto al diésel, una tasa que según el Gobierno "no tiene afán recaudatorio", pero que supondrá un incremento del precio de los combustibles. El Gobierno planeó que en vigor en 2021, pero tuvo que echarse atrás durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, pero ahora sí que se incluye en el plan que remitirá a Bruselas como una "revisión" de las fiscalidad "de los hidrocarburos utilizados como carburante".

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 La llegada de la tasa estaría contemplada para 2022 y si se sigue el modelo marcado hace seis meses esto supondría la subida de 3,8 céntimos de euro por cada litro, de forma que el gravamen estatal pasaría de los 30,7 céntimos por litro actuales a los 34,5 del nuevo tipo. El Gobierno estima recaudar con esta tasa unos 500 millones de euros adicionales al año.

El Ejecutivo de Sánchez también tiene en marcha la tramitación de la Ley de Residuos que creará dos impuestos a los residuos y los plásticos que darán como resultado una recaudación de 538 y 723 millones de euros, respectivamente, según las estimaciones del Gobierno.

Los envases plásticos llevarán un impuesto especial

El que afectará directamente a los consumidores será el relativo a los envases plásticos ya que, según los expertos, serán los que sufran un posible aumento de los precios para compensar la tasa que gravará 0,45 euros adicionales por cada kilo.

Pero no solo estos impuestos terminarán siendo costeados por los españoles, sino que en su plan se incluye el pago por el uso de las autovías, una medida que justifican con el fin de financiar el mantenimiento de las carreteras.

De hecho, en el documento el Gobierno se compromete "desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras".

Sin embargo, esta medida ya ha sido contestada desde todos los estamentos. Uno de ellos ha sido el Real Automóvil Club de España (RACE), que se opone "frontalmente" al cobro por el uso de las autovías, una medida que "volvería a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores" y los pondría "en serio peligro al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas".

El pago por el uso de las autovías cerca al Gobierno porque incentivará el uso de carreteras más peligrosas, según el RACE

El director de Movilidad y Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas, ha defendido que los conductores aportan "mucho más a las arcas del Estado" por tener un vehículo (coche, moto) de lo que reciben "en materia de conservación y mantenimiento de infraestructuras". "En el caso de instaurarse el pago por autovías, este agravio se convertiría en mucho peor", ha manifestado.

Para Antonio Lucas, "el 'pago por uso' podría generar que muchos conductores opten por circular por las carreteras secundarias, "las que más riesgo suponen" ya que es donde se produce el 78% de los accidentes mortales, de manera que se desincentivaría el uso de las vías de alta capacidad".

También, algunas comunidades han clamado contra esta medida, como la Junta de Andalucía, ya que no se ha llegado a ningún "acuerdo" para ello con las autonomías y se intente implantar en medio de una crisis económica como la actual, penalizando, de nuevo a las familias.