02 de Marzo de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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El Rey y el presidente del Gobierno

¿Alguien discute que el Rey y otros cargos decisivos deben ser vacunados?

La dimisión del jefe de todos los Ejércitos por haberse vacunado es un despropósito que nace de otro error de bulto del Gobierno con el protocolo de cargos que sí deben ser inmunizados.

| ESdiario Editorial

 

Que el máximo responsable operativo de las Fuerzas Armadas, el JEMAD Villarroya, se haya visto obligado a presentar su dimisión por haber sido vacunado, es un despropósito que demuestra los fallos del protocolo de vacunación vigente, el hastío de la sociedad y, probablemente, la nula autoridad de la clase dirigente española.

El carrusel de desvergonzados ejemplos de alcaldes que se colaron en la inmensa lista de espera para la inmunización, alegando justificaciones insultantes, ha activado en la sociedad la idea de que cualquier alto cargo que reciba su dosis se la está quitando a alguien que la merece más.

Ello es prueba del desabastecimiento de unidades, ya escaso desde el primer momento y ahora pírrico por la reducción casi a la mitad del suministro de Pfizer en media Europa; pero también del descreimiento de los ciudadanos hacia sus dirigentes, inevitable tras casi un año de pandemia sanitaria y económica jalonado de errores, negligencias y falsedades del Gobierno.

 

En ese contexto, todo se percibe como un privilegio, aunque no lo sea. Una sensación que se agrava por la incomprensible inexistencia de un protocolo, claro y público, donde debería haberse detallado desde el primer momento qué altos cargos debían ser vacunados por razones de seguridad nacional.

¿Cómo no se van a vacunar los Reyes y las contadas figuras clave para el sostenimiento del Estado de Derecho?

No es difícil entender que determinadas autoridades representan al Estado o ejercen responsabilidades clave en la lucha por la pandemia, y que preservarlos no atiende a razones personales ni a privilegios de casta, sino a la naturaleza de su función.

Los Reyes, el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso, el Senado, el Constitucional y el Supremo; el jefe de la Oposición; el ministro y los consejeros de Sanidad; los presidentes autonómicos o desde luego el responsable de las Fuerzas Armadas son figuras clave en el sostenimiento del Estado de Derecho, con atribuciones decisivas para el funcionamiento correcto del país. Y deberían incluirse en un listado, perfectamente acotado para evitar excesos, que no ha existido.

 

Vacunarlos a ellos ha de ser prioritario, pues, para vacunar al propio país en todos los sentidos: desde garantizar la mejor respuesta al desafío sanitario hasta mantener la apariencia y funcionamiento democrático de las instituciones. El clamoroso error de no incluir esta certeza en el protocolo, bien por olvido, bien por vergüenza; ha estimulado la sensación opuesta a la buscada.

Ahora se extiende la desagradable idea de que, sin hacerlo público, decenas de autoridades se han podido vacunar a escondidas, una sospecha que se generaliza al conocerse casos impúdicos de políticos de pedanía que, efectivamente, lo han hecho. 

El Gobierno debe rectificar

Que el general Villarroya, responsable final de la UME y del mismo Ejército que tantos servicios inolvidables ha prestado y presta en la pandemia, haya tenido que irse por recibir una vacuna que en su caso debió ser obligatoria; es lamentable.

Y aunque ya no tiene remedio, es imperioso que el Gobierno rectifique el protocolo, incluya a los cargos imprescindible como grupo prioritario y desvele, a toro pasado, quiénes de todos ellos ya se han inmunizado a escondidas. Empezando por el presidente y el resto de miembros del Consejo de Ministros.