Acabar con la prisión revisable, una postura que pesará sobre el PSOE y Podemos

En política, y dentro de los evidentes parámetros democráticos, se puede y se debe defender cualquier postura sin que nadie se escandalice ni lo criminalice. Algo, por cierto, que hay que reconocer siempre y no sólo cuando el objeto de discusión nos agrada: nunca es abominable la disidencia intelectual, educada y razonada; se circunscriba a ámbitos poco poliédricos como las pensiones o a otros más espinosos como, por ejemplo, el encaje del derecho sagrado a la igualdad de sexos en la manera de encauzarlo de algunos colectivos.

Y lo mismo sucede con la prisión permanente revisable: es perfectamente legítimo oponerse a ella y argumentarlo sin ser señalado, a continuación, como cómplice de terribles criminales que a todos sin duda -también a los detractores de esta ley- conmueven y entristecen.

El sentido de esta pena está falseado por los mismos que inventan que en España hay represión o brutalidad en lugar de justicia y democracia

Pero lo que no se puede es falsear la realidad, o mentir directamente, sustentando esa posición en una falacia: la pena de prisión permanente revisable no equivale a una cadena perpetua, y a esa confusión se han abonado buena parte de los detractores de la misma. En algunos casos, aún han ido más lejos: ERC ha relacionado el interés político en mantener esa ficticia pena a perpetuidad con la supuesta represión que caracteriza a España. Intolerable.

Nadie ha defendido semejante recurso penal, como nadie ha legislado en caliente: la ley existe desde hace tres años, es revisable siempre y sin excepción y está limitada a delitos muy concretos en los que la repugnancia que provocan va unida de la posibilidad de reincidencia de quienes lo cometen, a juicio de los especialistas psicológicos en la materia.

Es decir, nadie va a ser confinado de por vida en una celda si está rehabilitado; pero se trata de que el Estado no tenga la obligación de liberarle con todos los informes en contra por el mero hecho de que ha alcanzado el máximo cumplimiento de su condena. ¿Cómo le puede parecer mal a alguien que los poderes públicos limiten los riesgos de que brutales asesinos o violadores, generalmente de niños y de mujeres, puedan repetir sus horrores? La única discusión razonable es en qué momento exacto se debe revisar cada caso, si a los quince años, a los diez o a los veinticinco. Nada más.

No es venganza

A esa máxima se adhieren desde hace muchos años las democracias más avanzadas del mundo, que en lo sustantivo disponen de herramientas penales idénticas para minimizar el peligro de sus peores y más incurables criminales. Y no es una cuestión ideológica: François Miterrand, presidente de Francia, impulsó una ley aún más restrictiva en 1994, consciente de que encajaba perfectamente en cualquier enfoque político.

¿Qué hace el PSOE al lado de partidos que llaman héroe a Alfon o Lanza y de otros que agreden a la convivencia?

Que Podemos y PSOE se hayan juntado con partidos estigmatizados como Bildu o sectarios como ERC para empezar el camino derogatorio de la ley y para rechazar las propuestas compatibles de PP y Ciudadanos de ampliar algo sus supuestos y de dificultar el acceso al tercer grado, es sonrojante.

No tanto en el caso del partido de Pablo Iglesias, que ha dado sobradas muestras de su confusión entre víctimas y verdugos al posicionarse, sistemáticamente, al lado de los segundos para presentarles como unos mártires: desde Alfon hasta Bódalo, pasando por Rodrigo Lanza, han contado con la complicidad por acción u omisión de esta formación.

Más triste y lamentable es la postura del PSOE, sumido en una confusión profunda en tantos frentes esenciales, incluido éste: sumarse a partidos radicales y antisistema, comprando la falsedad que sustenta su actitud, es no sólo deplorable, sino también indigno con la trayectoria de un partido crucial para entender la consolidación del Estado de Derecho en España.

La dignidad de las víctimas

La dignidad mostrada por los padres de algunas de las víctimas más tristemente célebres, contrasta con el bochorno que padecieron en el Congreso y con la indignación que sin duda se siente en la calle: los más de dos millones de firmas recogidas por las familias de Diana Quer, Sandra Palo o Mari Luz Cortés son una muestra del abrumador respaldo social que tiene su causa.

Llamar venganza a lo que es compromiso social para que nadie más pase su calvario, es una última afrenta que los detractores de la prisión permanente revisable deberán soportar en sus conciencias y, a ser posible, pagar en las urnas.