La Justicia y la UE son la última oportunidad para España frente a Sánchez

Tres noticias del ámbito judicial han sacudido en las últimas horas al Gobierno. Por un lado, probablemente la más trascendente, ha sido la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de trasladar al Tribunal Supremo la causa abierta por terrorismo contra Carles Puigdemont, aforado, y once personas más, dentro del caso Tsunami.

Si el Supremo la admite y procesa al ex presidente de la Generalitat prófugo, al que el juez sitúa en el “vértice más alto” de Tsunami Democràtic, se abriría un nuevo horizonte respecto a la ley de amnistía. Esta norma prevé borrar cualquier delito relacionado con el procés, incluidos los de terrorismo que no hayan sido sentenciados. Sin embargo, esa materia, el terrorismo, está específicamente regulado por la Unión Europa lo que abriría la puerta a consultar con el Tribunal de Justica de la UE antes de aplicar la norma.

Las otras dos noticias tienen que ver con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que queda muy debilitado y en el alambre. Por un lado, el Tribunal Supremo declaró nulo el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala al apreciar “desviación de poder” en el comportamiento del fiscal general.

Si eso no es suficiente varapalo para presentar la dimisión, horas después García Ortiz recibía otro palo, esta vez de sus propios compañeros. Un grupo de 18 fiscales del Tribunal Supremo firmaron una carta en la que mostraban su “decepción” y echaban en cara a su ‘jefe’ su “falta de voluntad” para defender a los compañeros que actuaron en la causa penal del procés y que han sido objeto de "injuriosas insinuaciones” sobre prevaricación o lawfare en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts.

Estas tres noticias son lluvia sobre un suelo mojado. Se suman a los duros pronunciamientos de las asociaciones de jueces y fiscales, del CGPJ y del propio Tribunal Supremo contra el pacto entre Sánchez y Puigdemont, que incluye la ley de amnistía. Las zarpas del Gobierno dejan heridas en el Poder Judicial visibles ante los ojos de Europa en el momento en el que este mismo miércoles el Parlamento Europeo debate precisamente sobre la amnistía que promueve el PSOE y el Gobierno español.

Sánchez sabe que la Justicia es el último obstáculo que le queda para consumar sus planes y una amenaza que podría dar al traste con ellos. De ahí su afán por controlarla a toda costa.