El Poder Judicial resiste con decencia las presiones insólitas del Gobierno

Nadie en el Consejo General de Poder Judicial, salvo un vocal, ha certificado la idoneidad de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, que avaló sin embargo su designación apelando a motivos estrictamente administrativos: cumplía los requisitos legales para acceder al mismo, por lo demás bien sencillos para cualquier fiscal con 15 años de experiencia demostrable.

Que su candidatura haya prosperado "por imperativo legal", sin respaldo expreso a su idoneidad y con siete votos en contra atestigua lo improcedente de su promoción, que básicamente coloniza una institución clave con una diputada del PSOE que además ha sido ministra de Justicia.

Con ese perfil tan incompatible con la autonomía e imagen que cabe esperar de la Fiscalía General, la insistencia de Sánchez deja clara sus intenciones: convertirla en una herramienta más de su acción política y utilizarla, sin la menor duda, para poder pagar la factura judicial que le ha pasado el independentismo para hacerle presidente.

Abonar un peaje insoportable desde la política es lamentable; pero hacerlo invadiendo uno de los pilares del Estado de Derecho y poniendo en jaque la separación de poderes, es escandaloso. Y refleja la combinación de cesarismo y desesperación que va a caracterizar la acción de un Gobierno que actúa como si dispusiera de un poder absoluto pero en realidad depende de una minoría insatisfecha e insolidaria con las necesidades de España.

Sánchez ha puesto a una diputada y ministra en una institución clave para que le ayude a pagar la factura a ERC

En ese contexto, la oposición de buena parte del CGPJ y la tibieza en el apoyo del resto del Consejo son una buena noticia que sugiere una posición de resistencia ante la injerencia ya en marcha del poder Ejecutivo en el Judicial. No solo por dignidad, sino por respeto elemental a la propia democracia, jueces y fiscales han de actuar como dique de contención al Gobierno en aquello que entra dentro de sus competencias.

Los límites

Dolores Delgado ha sido aupada para hacer con el conjunto de la Justicia lo que ya hizo, desde el Ministerio, con la Abogacía del Estado: someterla a los intereses de Sánchez y volcarla en favor de los políticos catalanes que, tras delinquir contra el Estado, han elegido al presidente de España. Una paradoja sangrante que no se arregla subordinando toda la arquitectura institucional a Sánchez, sino haciéndole a éste conocer los límites que incluso él tiene.

Algo que la oposición, por cierto, también tiene responsabilidad de ejercer: por muchas presiones que reciba para renovar los órganos de Gobierno de la Justicia en el sentido exigido por el tándem POSE-Podemos, ha de saber resistirlas y demostrar que sabe cuál es su función de contrapeso.