Expropiar viviendas privadas equipara a España con Venezuela

El Gobierno Balear, un tripartito del PSOE, Podemos y el nacionalista Més, ha anunciado la expropiación de 56 viviendas de los llamados “grandes propietarios” para cedérselas a familias necesitadas con un alquiler que no supere el 30% de sus ingresos.

Lo ha hecho en aplicación de la Ley de Vivienda 5/2018 de 19 junio, de carácter autonómico exclusivamente, cuya constitucionalidad es más que discutible por atacar uno de los derechos definitorios de un Estado de Derecho: la propiedad privada.

Sorprende que un engendro así haya podido prosperar, y resulta insólito que el Tribunal Constitucional no lo haya frenado a tiempo, con dos años ya transcurridos desde la aprobación de una normativa inaceptable que, sin duda, encontrará respuesta legal en Europa si no lo hace antes la Justicia española.

"Okupas", la plaga que padece el ciudadano mientras solo se protege Galapagar

Conviene recalcar que no estamos ante un asunto económico ni meramente jurídico, ni desde luego estrictamente social, el paraguas al que se aferran los gobernantes sectarios e incompetentes para cargar en el ámbito privado responsabilidades que son suyas y se resuelven estimulando vivienda pública, no incautando de un modo u otro la ajena.

Donde no se respeta la propiedad privada, no existe democracia. España no puede avanzar ni un paso más en esa senda

Estamos ante un problema estructural, y decisivo, pues no existe democracia en el mundo digna de tal nombre si no tiene en el respeto y protección de la propiedad privada uno de sus pilares innegociables: allá donde profana, simplemente no existe el Estado de Derecho.

Doble okupación

La bochornosa decisión del Gobierno insular coincide con una inquietante deriva general en España en los últimos meses, donde se ha aprobado una “doble okupación”: el Gobierno, a instancias de Podemos, la ha impulsado temporalmente si no va acompañada de “violencia”. Y ahora Armengol Balear la ha legalizado y pretende expropiar inmuebles durante siete años incluso.

A esta doble “okupación” se le puede añadir en breve una Ley del Alquiler que regule sus precios en toda España, completando así una política global de vivienda ineficaz e invasiva, tan perversa como además contraproducente: romper la seguridad jurídica, de individuos o de empresas, es la antesala siempre del empobrecimiento económico y democrático.