La guerra no la pueden pagar los mismos de siempre: le toca ahorrar al Estado

Con la luz en precios máximos y un récord histórico para este lunes de hasta 500 euros por la tarde; el IPC disparado al 7.4%; los costes laborales más caros que nunca y la certeza de que la guerra va a incrementar los estropicios económicos provocados por la pandemia; el Gobierno parece haber renunciado a aplicar de inmediato la reforma fiscal prevista para 2022 que, en síntesis, supondría una masiva subida de impuestos camuflada en una apuesta por sostener el Estado de Bienestar.

Lo cierto es que España ya sufre uno de los cinco mayores esfuerzos fiscales del mundo pese a tener una de las economías más dañadas de Europa y que, en lugar de reducir el gasto público con reformas estructurales; el Gobierno optó por subirlo a niveles históricos e intentar sufragarlo con más impuestos.

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El Gobierno parece haber encontrado en la guerra una excusa para justificar sus errores de previsión y de políticas, resumidos en un crecimiento inexistente; una creación de empleo artificial y un ansia recaudatoria que se ha beneficiado del enorme coste de la luz, el combustible y hasta la cesta de la compra.

En ese contexto, lo que procede es una renuncia a esa política económica electoralista que solo ha servido para empeorar el déficit y la deuda y colocará a España en una situación dramática cuando suban los tipos de interés y el simple pago de la deuda pública desdibuje por completo los Presupuestos Generales ya aprobados.

El esfuerzo ha de ser repartido y no aplicado a una parte, la misma que soporta todas las facturas, por un Gobierno que mientras mantiene el mayor número de Ministerios de toda Europa.

Lo oportuno sería implementar una reforma de la Administración Pública que, sin tocar los servicios esenciales, aplicara en ella una mínima parte de los esfuerzos que ya han hecho los ciudadanos y las empresas: la negativa a hacerlo se resume en la paradoja de que, mientras todos sufren, el Gobierno mantiene el mayor número de Ministerios de Europa y sus miembros se han subido el sueldo como el resto de los empleados públicos.

Le toca al Estado

La desesperación del Gobierno, no obstante, se percibe en su apuesta por un “pacto de rentas” que arregle el roto causado por él mismo al indexar las pensiones con arreglo al IPC: de trasladarse esa norma a los convenios colectivos, las subidas salariales a aplicar, unidas al incremento de las cotizaciones y del SMI, abocarían a miles de empresas al cierre.

La guerra, la pandemia y la crisis no puede ser siempre para los mismos: los trabajadores por cuenta ajena, los pequeños empresarios, los autónomos y los comerciantes. El esfuerzo ha de ser compartido y repartido por el conjunto de la sociedad y no aplicado a una parte, la misma que soporta todas las facturas, por un Gobierno que mientras mantiene el mayor número de Ministerios de toda Europa.