| 05 de Mayo de 2024 Director Benjamín López

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Sede de Telefónica
Sede de Telefónica

El Gobierno acentúa su intervencionismo con la entrada en Telefónica

Lo que sería una decisión lógica de cualquier Gobierno normal, se transforma en desconfianza si el que ejecuta la entrada en una compañía privada es el Gobierno de este PSOE sanchista

| ESdiario Editorial

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a que el Estado, a través de la SEPI, adquiera el 10% de Telefónica para convertirse así en el máximo accionista de la multinacional española. Es cierto que una empresa pública de Arabia Saudí, STC Group, se había hecho con casi el 5% de la compañía y que eso, que un país extranjero controle una empresa estratégica española, suponía de alguna manera una amenaza para los intereses de nuestro país. No en vano, Telefónica gestiona numerosos servicios de telecomunicaciones para el Ministerio de Defensa.

Lo que sería una decisión hasta cierto punto lógica de cualquier Gobierno normal, sensato y con sentido de Estado, se transforma en una enorme desconfianza si el que ejecuta la entrada en una compañía privada es el Gobierno de este PSOE sanchista y los comunistas de Sumar, sometido además al chantaje de los separatistas catalanes y vascos. Francia, Alemania e Italia tienen también una destacada presencia accionarial en las principales empresas de telecomunicación de sus respectivos países, pero en ninguno de ellos gobierna alguien como Pedro Sánchez.

La entrada de Arabia Saudí en Telefónica suena a excusa perfecta para que el Gobierno ahonde en su conocido intervencionismo. No hay institución -CIS, fiscalía general, Tribunal Constitucional, secretaría general del Congreso- que no haya sido colonizada por el sanchismo, al igual que determinadas empresas también estratégicas, como Indra.

Que el Estado controle una multinacional privada no deja de ser un hecho controvertido que rompe además la dinámica de las últimas décadas en las que había sucedido todo lo contrario, una tendencia hacia la privatización de las empresas públicas. Ahora, como principal accionista, el Gobierno va a tener la posibilidad de inmiscuirse en el organigrama y en las principales decisiones estratégicas de la compañía. Y eso no es bueno para una compañía que opera en un mundo globalizado y debe funcionar con criterios únicamente empresariales que la hagan solvente y competitiva.