¿De quién depende la Fiscalía? Los cambios de criterio al compás de Sánchez

El fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, veía un presunto delito de terrorismo en la actuación del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dentro del caso Tsunami Democràtic, como líder último de los disturbios organizados en Cataluña para intentar subvertir el orden constitucional. Así lo plasmó en un informe que no llegó a ver la luz. Sin embargo, unos días después cambió de opinión y, en un segundo escrito, se opuso a esa imputación, según publica el diario El Mundo.

¿Qué ocurrió entre el primer informe y el segundo? Una reunión del fiscal Redondo con su jefe, el fiscal general, Álvaro García Ortiz. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Pues según afirmó Pedro Sánchez, de él mismo. Las piezas del puzle encajan a la perfección, por desgracia. El Gobierno controla la fiscalía general que debería ser independiente y no atender a órdenes del poder Ejecutivo.

La relación de Sánchez con la fiscalía general se remonta al inicio de su mandato cuando, en una decisión inédita y muy discutible desde el punto de vista de la limpieza democrática, nombró como fiscal general a la hasta entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado. La independencia de la institución quedó totalmente en entredicho. Los hechos reafirmaron luego las sospechas.

Delgado dejó el cargo por problemas de salud, según alegó, pero antes de irse susurró en el oído de Sánchez el nombre de su sustituto, un fiscal de su cuerda y su confianza que iba a seguir una línea de continuismo total como guardián de los intereses de Pedro Sánchez.

El contubernio entre ambos -predecesora y sucesor- ha llegado al punto de que el Tribunal Supremo anuló, por “desviación de poder”, el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal decidido por el fiscal general. Tan señalado quedó que el CGPJ le declaró “no idóneo” para el cargo al candidato propuesto por el Gobierno. Es la primera vez que sucede, lo que no ha impedido a Sánchez ratificar en su puesto a García Ortiz. Esa es la fiscalía general que tenemos.

Sánchez controla la fiscalía como controla el Tribunal Constitucional, donde también nombró a su ex ministro de Justicia y a una ex alto cargo en Moncloa como magistrados. Con la fiscalía debidamente aleccionada, el presidente logra orientar las cuestiones judiciales hacia sus intereses políticos. Y con el TC más politizado de la historia, bajo su control, consigue dar el barniz de aparente legalidad que necesitan algunas de las medidas más controvertidas, sin ir más lejos la ley de amnistía con la que Sánchez ha comprado su investidura.