La Fiscalía y el Supremo deben parar los indultos fraudulentos de Sánchez

La concesión de los indultos a nueve políticos catalanes no ha ido acompañada de la difusión de las razones legales del Gobierno para activar una medida que, siendo de su potestad exclusiva, no puede sortear los requisitos que impone la ley: una cosa es que Sánchez pueda decidir lo que quiera; y otra que lo haga de cualquier manera.

Pero eso es lo que ha hecho, para variar, este presidente tan nefasto , hurtando a la ciudadanía la información exacta de cómo ha argumentado la "utilidad pública" de liberar a un grupo de golpistas que, lejos de arrepentirse, se sienten ahora más legitimados para proseguir en su desafío.

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Los decretos publicados en el BOE no incluyen esa justificación legal imprescindible, y se limitan a glosar las delirantes razones personales de Sánchez para maquillar con sentimentalismo barato el abono de un peaje político indispensable para seguir en Moncloa ahora y, quizá, en el futuro.

Si desde un punto de vista político es vergonzoso conceder impunidad a unos delincuentes que proclaman su reincidencia y convierten la "generosidad" del Gobierno en una invitación a redoblar sus esfuerzos; desde una perspectiva jurídica es inadmisible y debe abrir el camino a los recursos.

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Una vía que parecía cerrada por razones técnicas derivadas de la falta de habilitación de los potenciales recurrentes. Pero si se sortea esa barrera, hay razones de todo tipo para que el Tribunal Supremo anule este lamentable ejercicio de sumisión del Estado de Derecho con el único fin de dar oxigeno a Sánchez.

Esto sería más sencillo si la Fiscalía o la Abogacía del Estado plantearan los recursos, en coherencia con su posición en todo el proceso judicial; pero la llegada del PSOE al Gobierno comportó la colonización de ambas instituciones. Entre otras cosas para que, llegado este momento, se pudiera lograr que miraran para otro lado.

La humillación de la democracia

Algo que quizá quiera hacer la Fiscalía General del Estado, pero que ojalá no hagan los fiscales del Tribunal Supremo, decisivos en la instrucción del cas y en la emisión de fundadísimas condenas anuladas ahora caprichosamente.

Si los indultos sirvieran de algo, la generosidad del Gobierno podría llegar a explicarse. Pero al constatarse que solo sirven para aumentar el fuego, con los humillantes discursos de los liberados contra España y su democracia, la Justicia debe actuar como el cuerpo de bomberos: lo que Sánchez ha incendiado es el Estado de Derecho. Y alguien debe pararle.