Las sinrazones de la Ley Trans

A la controvertida aprobación inicial en el Congreso de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, más conocida como Ley Trans, se ha venido a sumar recientemente el demoledor dictamen contrario del Consejo de Estado.

El máximo órgano consultivo del Gobierno ha dejado por los suelos uno de los pilares fundamentales del texto elaborado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, al reclamar un respaldo de la Justicia a la decisión de un menor para cambiar de sexo. Elemental sentido común.

"Todos los menores de 18 años deberían de contar con aval judicial para proceder al cambio de sexo", reza literalmente el dictamen del Consejo que preside María Teresa Fernández de la Vega, lo cual pone en solfa la esencia de la ley, basada en la simple expresión de la voluntad para tomar una determinación tan trascendental con solo 16 años sin necesidad de informe ni tratamiento médico.

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Por simple seguridad jurídica, es imprescindible que un paso existencial de esta envergadura, irreversibles y en muchos casos con gravísimas consecuencias físicas y psicológicas,  cuente con una salvaguardia más sólida que el simple “querer”.

Por no hablar de los conflictos que se pueden plantear con otros regímenes legales, caso de la patria potestad de padres o tutores, o los agravios comparativos con otros colectivos por un ‘exceso’ de discriminación positiva para el colectivo LGTBI.

Pero el cuestionamiento de corte legal que plantea el Consejo de Estado es solo uno, aunque muy importante, de los muchos que se barajan con respecto al delirante espíritu de esta norma, inspirada en el endiosamiento de Montero, convencida de que sus traumas ideológicos tienen mayor autoridad que la mano de Dios o la propia genética del ser humano.

Cuando hasta el feminismo clásico se rebela contra este despropósito es porque algo grave está en marcha y debe frenarse

El Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia ha realizado uno de los compendios más completos de las objeciones y reservas ante el texto de la ley. Desde las de raíz más puramente científica, que dudan de la eficacia y garantías de los tratamientos de transexualidad a edades tan tempranas, hasta los de corte más social, como la banalización del sexo y de su registro, cuando éstos derivan de un parámetro biológico imposible de eludir.

Por otra parte, en el plano exclusivamente político el desacuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidades Podemos, para formalizar la ley, lo que dio lugar a su aprobación en una segunda vuelta, ya ilustra suficientemente su inconsistencia.

Todas esas objeciones son contundentes e irrebatibles, pero además hay una de carácter moral que está por encima de todas y ha de ser la base de una oposición enérgica a tan devastadora barbaridad. La autodeterminación de género no puede asentarse sobre corrientes de opinión y modas falsamente progresistas.

Debe anularse

No hay más que ver cómo otros países con mayor recorrido en el tratamiento de la transexualidad han rectificado sus políticas inicialmente permisivas, como la que ahora se adopta con esta ley, ante la rotunda evidencia de que resultan contraproducentes a largo plazo.

Aún se está a tiempo de hacer las correcciones oportunas aquí. Son demasiadas las sinrazones, dudas y despropósitos que arrastra esta Ley Trans como para que disfrute sin más de la definitiva luz verde. Cuando hasta el feminismo clásico se rebela contra este despropósito es porque algo grave está en marcha y debe frenarse. Y si no lo hace este Gobierno y el Constitucional eterniza su respuesta, como tantas veces, deberá hacerlo el siguiente.