El Ejército se 'tatúa' la brecha de género

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido al Ministerio de Defensa para conocer los motivos por los que se está excluyendo a mujeres con tatuajes visibles con el uniforme en procesos selectivos del Ejército y ha pedido al departamento ministerial que se cuestione si puede existir discriminación. La institución considera que en estos casos, la distinta uniformidad entre hombres y mujeres puede estar generando una discriminación en el acceso a las Fuerzas Armadas.

En una actuación de oficio enviada a la Subsecretaría de Defensa, la institución pide información sobre por qué se excluye a mujeres con tatuajes visibles -como pueden ser los pies- con el uniforme femenino -falda- y, sin embargo, aspirantes masculinos con tatuajes en el mismo lugar sí son considerados aptos al no ser éstos visibles con el uniforme masculino (pantalón largo).

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Fernández Marugán considera que en estos casos, la distinta uniformidad entre hombres y mujeres puede estar generando una discriminación en el acceso a las Fuerzas Armadas. Por otra parte, la exhibición de tatuajes en integrantes masculinos de las Fuerzas Armadas ha sido tradicionalmente consentida, siendo el ejemplo más señalado el de los legionarios, que los lucen de manera ostensible y pública en desfiles y actos públicos.

Hay precedentes

Esta no es la primera vez que el Defensor del Pueblo se ocupa de este asunto. Ya en 2014 llevó a cabo actuaciones ante la Administración militar y ante la Dirección General de la Guardia Civil, tras recibir quejas sobre las condiciones exigidas para el acceso a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, relativas a la exigencia de carecer de tatuajes visibles con el uniforme, no permitidos por razón de su contenido o ubicación, según ha informado la institución.

El Defensor del Pueblo ha pedido que se cuestione si la distinta uniformidad por sexos puede generar discriminación

En aquella ocasión, las administraciones justificaron dichas exigencias por la existencia de normas específicas conectadas con las necesidades de uniformidad y, más concretamente, con el aspecto físico. Según explicaron, dicha condición se adecuaba a la propia naturaleza de los cuerpos funcionariales, cuyo personal debía ofrecer la imagen más neutral, homogénea y discreta posible, atendiendo a sus funciones sociales, policiales, militares e incluso a consideraciones exigidas por razones de seguridad para los propios miembros.

Pese a ello, Fernández Marugán entiende que la Administración debe someterse a "ciertos límites", entre ellos, "al principio de igualdad y no discriminación así como el respeto a la legalidad y la satisfacción del interés público".

Por ello, el Defensor del Pueblo ha pedido a Defensa que se cuestione si la distinta uniformidad entre mujeres y hombres puede estar generando una discriminación en el acceso a las Fuerzas Armadas hacia las mujeres que portan tatuajes en zonas visibles con el uso del uniforme femenino a diferencia del personal masculino, "pues de ello se desprende que las limitaciones son distintas para ambos".

30 años de la mujer en la milicia

Esta controversia viene a coincidir con el treinta aniversario de la incorporación de la mujer al Ejército en España. El 22 de febrero de 1988 se publicó el real decreto que daba el primer paso para la ingreso de la mujer en la milicia española, aunque no sería hasta 1999 cuando se regulase el principio de igualdad "con todas sus consecuencias".

Tres décadas después, el porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas es del 12,7 por ciento, prácticamente el mismo desde hace una década. De un total de 117.256 militares con los que contaba España a 1 de enero de este año, 102.352 eran hombres y 14.904 mujeres, según datos del Ministerio de Defensa.

La presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas fue ascendiendo progresivamente hasta 2006, cuando llegó al 12 por ciento. Desde entonces su crecimiento se ralentizó y ha tenido pequeñas variaciones hasta llegar al 12,7 por ciento de 2017.

En una respuesta parlamentaria del pasado año, el Gobierno ya reconoció este fenómeno y apuntó la posibilidad de que se haya alcanzado "un techo sociológico" ya que la tendencia española es muy similar a la del resto de países miembros de la Alianza Atlántica.