El bufete de Garzón sale al rescate de Delgado, acorralada en la Fiscalía

La situación de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado es cada día más complicada. Salpicada de lleno por el caso Stampa, acechada por los negocios de su actual compañero, el exjuez Baltasar Garzón, y cuestionado por la asociación mayoritaria de fiscales.

Tan es así, que el propio exmagistrado condenado por prevaricación ha salido este jueves a la palestra, al rescate de la exministra de Justicia y contra la Asociación de Fiscales. El despacho de abogados propiedad de Garzón, Ilocad, ha enviado un burofax a la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales en el que indica que no tiene legitimación ninguna para reclamar a la fiscal general del Estado, que informe sobre si este bufete representa a algunos investigados en el llamado caso Villarejo, apuntando además que ésta tampoco tiene competencias al respecto.

Una exfiscal general alza la voz y se suma a la petición de dimisión de Delgado

Ilocad ha reaccionado a un comunicado del pasado 24 de noviembre donde los vocales electivos del Consejo Fiscal a propuesta de la AF reprocharon a Delgado que se negara a proporcionar dicha información por ser "materia reservada", en el contexto de los movimientos para determinar en qué circunstancias el fiscal Ignacio Stampa salió de Anticorrupción y, por ende, del citado caso.

"La Asociación de Fiscales no tiene ningún tipo de legitimación para sustentar la petición de la información que interesa de la Excma. Sra. fiscal general del Estado puesto que no está personada en el procedimiento iniciado", ha señalado el despacho de Garzón en el documento.

Asimismo, ha reiterado que "tampoco la Excma. Sra. fiscal general del Estado tiene ningún tipo de facultad competencial para acceder a la información reservada que se interesa por esta asociación, por su irrelevancia judicial en los términos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y porque, en todo caso, tendría que haber tenido lugar la participación del fiscal afectado y del fiscal jefe respectivo".

Además, ha considerado "anecdótico" que "una persona jurídica privada, como es el caso de la Asociación de Fiscales, quiera, mediante una consulta evacuada al Pleno del Consejo Fiscal (a través de sus respectivos vocales) acceder a datos profesionales de abogados, vulnerando con ello el derecho al secreto profesional propio de la abogacía y, lo que es más grave aún, alterar el efectivo y normal desarrollo del derecho de defensa sin intromisión ilegítima de ningún tipo".

"Tampoco hay ningún tipo de razón", ha continuado, "para entender por qué desde la jefatura superior del Ministerio Fiscal se tienen que conocer los datos de los profesionales de la Abogacía que actúan en cada una de las causas judiciales que se estén tramitado en España, y mucho menos cuál es la relación que vincula a dichos profesionales con una concreta sociedad mercantil", como Ilocad. Obvia el bufete la peculiar relación entre Garzón y la máxima responsable del Ministerio Público y su posible conflicto de intereses.

Ilocad ha denunciado igualmente que las "referencias directas" de la asociación mayoritaria de fiscales al bufete están generando un "importante daño" en la reputación del mismo que "se traduce en un evidente perjuicio económico" y en una "injustificada presión" hacia sus clientes actuales y potenciales.

En este contexto, el bufete de Garzón advierte de que "se están analizando las distintas acciones judiciales que se puedan emprender" en defensa de sus "intereses legítimos". Y, "a los efectos de consolidar las mismas y con la intención de conocer si esta asociación ha venido actuando de forma similar a como ahora está haciendo", ha reclamado una serie de información.

Los fiscales no amilanan e insisten

Este burofax, fechado el 1 de diciembre, se conoce el mismo día que los vocales electivos de la AF han insistido, esta vez por escrito, en su petición de poder tener acceso a la documentación relativa al fiscal Stampa, solicitando nuevamente a Delgado que las diligencias y los expedientes sobre el que fuera fiscal adscrito al caso Villarejo, algunos de cuyos implicados están representados por Garzón.

En una nota, la asociación ha explicado que la solicitud se hace ante la inspección fiscal mediante un escrito en el que se requiere a la presidenta del Consejo Fiscal, la propia Delgado, la remisión de dicha documentación sobre lo que ya califican como caso Stampa.