Otros tres socialistas andaluces irán a prisión por cobrar mordidas a parados

No habrá juicio, pero irán a la cárcel y prolongarán el oprobio del PSOE andaluz, atrapado en la era de los ERES por muchos años que pasen. Los tres dirigentes de la Fundación Guadalquivir han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y en lugar de cumplir los más de 30 años, en su conjunto, que pedían las acusaciones, se les ha condenado solo a nueve.

De esta manera, Ángeles Muñoz, su hijo Cristian Menacho, y José Antonio González tendrán una mínima condena de tres años cada uno al declararse culpables de la comisión de los delitos contra el derecho de los trabajadores y fraude de subvenciones de las administraciones públicas.

De esta manera, Muñoz, que formó parte de la lista del PSOE a las municipales de Córdoba y su hijo, responsable de las Juventudes Socialistas de la capital, junto a González han reconocido que detraían dinero de las nóminas de una treintena de trabajadores contratados gracias a las subvenciones de la Junta, reduciendo su jornada laboral.

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 El acuerdo prevé, además, la opción de que se suspenda el cumplimiento de la pena de tres años de prisión que ha aceptado cada uno de los tres acusados. Es la Audiencia Provincial de Córdoba la que puede conceder dicha suspensión, en base a que los acusados no tienen condenas anteriores y a que hagan frente al pago de todas las indemnizaciones y multas.

En ese caso, las acusaciones particulares, que ejercen la Junta de Andalucía y dos trabajadores, y la acusación popular, que ejerce Podemos, piden que dicha suspensión tenga al menos cuatros de vigencia, es decir, que durante ese tiempo los acusados no pueden cometer ningún tipo de delito, pues de lo contrario cumplirían la condena que ahora han aceptado y la del nuevo delito.

Los condenados detraían parte de las ayudas que recibían incluso parados de larga duración

De haberse celebrado el juicio, como estaba previsto, para las diversas sesiones estaban citadas 23 personas como testigos, entre las que se incluían un contable y personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y otras dos más para la prueba pericial.

Utilizaban el "poder político" de la Junta

Según las acusaciones, las 'mordidas' se hacían, "bien detrayendo parte del salario pagado en metálico, bien forzando un compromiso de donación por transferencia posterior al ingreso de la nómina, también forzado por una amenaza de despido".

El resultado fue que "muchas de las personas contratadas, en situación desempleo de larga duración y necesitadas, pues a ellas se dirigía el programa, no tuvieron otra opción que aceptar las condiciones que se les imponían, por los que estaban usando un evidente poder político, que se exhibía mediante invitaciones a actos con destacados líderes políticos y miembros del Gobierno de la Junta", en la etapa anterior a la actual, teniendo en cuenta que Menacho fue secretario general de JSA en Córdoba capital.

Se da la circunstancia, además, de que a los acusados se les han embargado bienes para afrontar la fianza que se les impuso judicialmente en su día y que no habían abonado en metálico ni con avales, por valor de 807.200 euros, habiéndose previsto dicha fianza "para asegurar las responsabilidades" en este caso.