Los jueces piden auxilio a la UE para impedir que el Gobierno asalte la Justicia

Los jueces ya avisaron de que harían todo lo que estuviera a su alcance para evitar que el Gobierno controlase a la Justicia. Tienen la mirada puesta en presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y ahora también han pedido auxilio a Bruselas ante lo que consideran una "violación grave del Estado de Derecho" por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

Con un escrito, de seis páginas, firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas urgentes para evitar que se lleven a cabo los planes del Gobierno. 

Conflicto de poderes inminente: los jueces quieren llevar a Sánchez al Constitucional

 De hecho, se consideran "obligados a recurrir a la Comisión Europea para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España", todo ello, "a pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación".

De hecho, consideran que la reforma aprovada por el Gobierno y que impide los nuevos nombramientos por parte del CGPJ, supone  prevé un "apagón" del órgano de gobierno de los jueces "al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes".

Mientras que el otro proyecto que el Gobierno tiene aparcado, el que reduce las mayorías necesarias para la renovación de los vocales, supone que "los partidos de Gobierno por sí solos puedan decidir la íntegra composición del CGPJ".

Por ello, en su escrito a la vicepresidenta de la UE para Valoresy Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, han insistido en que "resulta especialmente preocupante que en este tipo de reformas no se dé específica audiencia a las asociaciones judiciales, lo que es contrario a las recomendaciones europeas".

Los jueces pide a la UE que adopte medidas, entre ellas la posibilidad de sancionar a España por violar valores básicos de la Unión Europea

Entre las medidas que reclama a la UE citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo. 

Otra de las ofensivas que está sobre la mesa, tal y como adelantó, María Jamardo en ESdiario es la posibilidad de que la reforma de Sánchez e Iglesias acabe en el Tribunal Constitucional. De hecho, el todavía presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ha propuesto al Pleno -que se reunirá el próximo jueves 22 de abril- debatir la posibilidad presentar un recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías por la modificación exprés de la LOPJ con la que el Gobierno les recortó funciones constitucionalmente reconocidas, como la posibilidad de hacer nombramientos de jueces y magistrados, incluso cuando su mandato esté prorrogado, como es el caso actual.

Fueron las principales asociaciones judiciales -Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI)- las que "instaron" al Consejo a fin de que, "a la mayor brevedad", adoptase las medidas oportunas y ejerciese "las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución".

En un comunicado conjunto remitido a la Comisión Permanente del Consejo por tres de las cuatro asociaciones judiciales en España - AJFV, APM y FJI- se instaba a los miembros del mismo a recurrir ante el Constitucional en "defensa de sus competencias y, por tanto, de la Constitución". No en vano, aprobada la reforma, el Gobierno consiguió, a su juicio, "lo que se pretendía: reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión".

Jueces y magistrados siempre han insistido en que la dirección de cualquier reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) debería ir encaminada a que ellos mismos quienes elijan democráticamente a sus propios representantes.