Marlaska soltó a casi 1.300 delincuentes saltándose a los funcionarios

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del ministerio de Interior dirigido por Fernando Grande Marlaska, concedió 1.273 terceros grados desde 2018 en contra del criterio de los técnicos que forman parte de las juntas de tratamiento de las cárceles, saltándose así, a la torera los criterios específicos de los expertos en esta materia.

Según los datos facilitados del Gobierno a una pregunta parlamentaria por escrito realizada por el PP, desde 2018 hasta 2021 se han contabilizado un total de 18.691 concesiones de progresión al tercer grado o régimen abierto contando con propuesta inicial favorable de las juntas de tratamientos.

El jefe de Instituciones Penitenciarias presumió de soltar más presos que nadie

Además, en la estadística aparece reflejado que la Administración Penitenciaria ha progresado al tercer grado a un condenado por delitos contra la libertad sexual y a otros 14 dentro de la tipología de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Asimismo figuran 37 casos de delitos por homicidios y 28 por violencia de género desde 2018.

"Desde que llegó al Ministerio concedieron 18.691 terceros grados, 1.273 en contra de la junta de tratamiento... pero ojo, hasta con delitos sexuales y violencia de género", ha denunciado en su cuenta de Twitter la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, que señala a Grande-Marlaska por ser responsable de una política penitenciaria que tilda de "nauseabundo buenismo".

📌Respuesta de #Marlaska,responsable de la política penitenciaria,nauseabundo buenismo!
Desde que llegó al Ministerio concedieron 18.691 terceros grados ,1.273 en contra de la junta de tratamiento….pero ojo, hasta con delitos sexuales,violencia de género,etc👇#MarlaskaDimisión pic.twitter.com/2s9mGWrSRz

— Ana Vázquez Blanco (@anadebande) December 14, 2021

De hecho,  Grande-Marlaska ha sido objeto de las críticas por su gestión penitenciaria. Los principales partidos de la oposición y también los sindicatos de prisiones han denunciado este "buenismo", sobre todo después del caso del preso con antecedentes que fue detenido por matar al niño de Lardero tras encontrarse en libertad condicional por decisión de un juez, y al que, previamente, Prisiones concedió el tercer grado en contra del criterio de la junta de tratamiento.

Todo ello mientras que Ángel Luis Ortiz, jefe de Instituciones penitenciarias, hace unos meses presumía en el Congreso de su política. Su objetivo era "favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción social así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad".

Presumió de reducir la población reclusa

Así, presumió de los datos que generaba su sistema de tratamiento de los presos, al insistir en que desde la llegada al Gobierno del PSOE "ha disminuido la población reclusa en un 6,7%" y hay una "constante disminución de reclusos en primer grado de un 2,2% a un 1,3%".

Además, y en medio de esta polémica se conoció que el Ministerio del Interior da un plus a los directores de las prisiones que más presos excarcelen. Ese complemento salarial se concede en función del porcentaje de terceros grados de los centros penitenciarios y puede ascender hasta los 2.000 euros anuales, según desveló El Español y ya habían denunciado los sindicatos de funcionarios penitenciarios.

Liberación y acercamiento de presos de ETA

Pero además, el caso más sangrante de la política penitenciaria del Gobierno es la que tiene que ver con los presos de ETA. Según los datos de la AVT, sólo desde mediados de 2018 la Justicia ha dejado en libertad por cumplimiento de la condena a 54 terroristas, el primero de ellos Joseba Galarraga el 11 de junio de 2018 y el último el pasado 27 de agosto, Agustín Almaraz.

Para 25 presos de ETA, Interior ha optado por la clasificación en tercer grado, entre ellos siete con delitos de sangre: Aitor Bores, José Ramón Foruria, Sebastián Echániz, Jesús María Martín Hernando, Ibon Etxezarreta, Luis María Carrasco y Mikel Arrieta Llopis. Además, once presos de ETA que han alcanzado la libertad condicional desde que Sánchez es presidente.

Una política penitenciaria que tiene consecuencias políticas ya que los presos de ETA siguen siendo una moneda de cambio con la que Bildu intenta presionar al Gobierno de Sánchez, que a su vez se ve obligado a pactar para aguantar el Moncloa todo el tiempo que pueda.