| 21 de Octubre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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El presidente Sánchez, ante el volcán
El presidente Sánchez, ante el volcán

Un "mena" cuesta al año cuatro veces más que las ayudas previstas para el volcán

Pese a las palabras de Sánchez en La Palma, la legislación solo prevé subvenciones de 15.000 euros para afectados de La Palma, seguros aparte, cuatro veces menos que el coste de un mena.

| Manuel Villa España

Hace ya una semana que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó a La Palma para, además de mostrar todo el apoyo moral de la sociedad española, comprometer las ayudas necesarias para paliar los enormes estragos causados por el volcán en una pequeña isla de apenas 80.000 habitantes, consagrada al turismo y a las plantaciones de plátanos.

Cientos de casas arrasadas, miles de evacuados y al menos 400 millones de pérdidas hasta el momento, una cifra que sin duda subirá cuando se apague, en una fecha incierta, el rugido de la tierra. Pero de los anuncios a la realidad hay un trecho, y el terremoto de Lorca de hace una década es la mejor prueba: el laberinto jurídico que los damnificados deben recorrer.

Cinco años después de aquel seísmo terrible, más de 400 familias no habían logrado volver a sus casas y, pese al esfuerzo por reconstruir la localidad, los litigantes por recibir las indemnizaciones previstas se contaban aún por decenas. 

 

No es culpa de Sánchez, cuya buena intención es indudable. Pero el desarrollo de sus promesas no es sencillo con la ley en la mano, ni siquiera cuando se culmine la declaración de zona catastrófica de La Palma, indispensable para "consorciar" los esfuerzos rehabilitadores de todas las Administraciones y para que el consorcio de seguros se haga cargo de las reparaciones, que nunca llegan al 100%, según expertos consultados por ESdiario.

Poco dinero para esa destrucción

Pero lo cierto es que, de entrada, los afectados solo tienen aseguradas las ayudas que prevé la legislación para situaciones como la suya, muy lejanas a las pérdidas sufridas, según consigna el BOE, que cita "ayudas (...) de situaciones de emergencia o naturaleza catastrófica", de 15.120 euros por destrucción de vivienda y de otros 2.580 euros por las propiedad y objetos materiales y personales, sin más detalle.

Es decir, un palmero que haya perdido su casa, con todo dentro o en el entorno, solo puede aspirar de entrada a 17.700 euros: todo lo demás dependerá de la "generosidad" del seguro propio, del añadido del consorcio y de las partidas extra que pueda librar el Gobierno y el fondo de solidaridad europeo, tan probablemente amplias como inciertas en su plazo, ejecución y destinatarios.

 

A Madrid, por ejemplo, se le reservaron 900 millones de euros tras quedar arrasada por la tormenta Filomena a principios de año, pero ahí estaban incluidas las compensaciones a comercios y empresas y la rehabilitación del espacio público, sin que esté claro si una parte de ese dinero llegó ya o llegará a los perjudicados a título personal.

Lo curioso es que la legislación reserva menos dinero directo a las víctimas de un terremoto o un volcán que, por ejemplo, a la financiación de una plaza de un mena, los polémicos "menores no acompañados" señalados como foco de conflictividad en ciudades como Madrid o Barcelona.

Menos dinero que el coste de un mena

Cada uno de ellos, y son casi 4.000 solo en la Comunidad de Madrid, necesita un desembolso medio de 4.700 euros mensuales. No significa que vayan a su bolsillo, sino que la entidad, oenegé o asociación que los tutela y da cobijo recibe ese dinero cada mes para su manutención, con una tabla que va desde los 1.900 euros hasta los 1.700.

Solo un 7% de los menas son de origen extranjero sin papeles. El resto, en su mayoría españoles, aprovechan la oportunidad y el coste que tienen

La comparación no pretende generar un agravio, sino explicar las paradojas y lagunas de los servicios públicos. Y en buena lid, conviene insistir en que los controvertidos "menas" y su coste tienen letra pequeña: en ese epígrafe van incluidos los menores españoles también, acogidos por familias o en centros especializados, y son la mayoría.

La polémica se circunscribe al 7% de ellos que proceden del extranjero y llegaron en una situación de ilegalidad: una minoría ruidosa de apenas 300 chavales sobre el total madrileño que, sin embargo, afectan a la imagen del conjunto del colectivo, niños y adolescentes con problemas familiares que buscan una oportunidad y suelen aprovecharla.