El desastre del 'sí es sí' agranda la brecha: Montero cada día más sola

La soledad de Irene Montero es cada día más evidente. El desastre generado por la reducción de condenas a raíz de la entrada en vigor de la ‘ley del sí es sí’, ha despejado cualquier atisbo de dudas al respecto de la posición de la ministra de Igualdad, no solo dentro del Gobierno, sino que la huida hacia delante emprendida por el gabinete ministerial, culpando a los jueces de interpretar la norma con un sesgo machista, sin asumir responsabilidades, ha hecho que únicamente la cúpula morada cierre filas con Montero.

De hecho, desde allí es desde donde insisten en que que la ley saldrá reforzada de esta controversia e insisten en que también está sirviendo para "retratar" a los políticos progresistas que ahora ‘rajan’ contra la norma, tras la postura de barones del PSOE y Más Madrid favorable a acometer rectificaciones.

Montero se ahoga entre "gritos" de dimisión y 'la manada' le da la puntilla

De hecho, los socialistas han trasladado su deseo de que se busque cuanto antes una solución, mientras, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha trasladado que el Gobierno debería rectificar y cambiar el texto ante el goteo de rebajas de penas a condenados por violación o agresión sexual.

Por ello, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha exigido que ante la "cacería" de "dimensiones de fusilamiento" contra Montero, en referencia a las exigencias de dimisión que acorralan a la ministra, la "obligación de cualquier camarada es apoyar", deslizando así la solicitud de respaldo tanto del espacio confederal como de sectores a la izquierda del PSOE.

Sin embargo, ni siquiera desde su propio espacio hacen lo que pide Echenique, el silencio de Alberto Garzón, líder de IU, es atronador. El ministro de Consumo no ha realizado ni un tuit ni una declaración pública de respaldo a Montero. Solo Enrique Santiago, líder del PCE ha deslizado una crítica a los jueces, pero no por la norma, sino por exigir la dimisión de la ministra mientras el CGPJ sigue sin renovarese. Otro ataque a los magistrados, eso sí, sin referencia al texto de Montero, que evidencia la lejanía existente entre ambos bandos del espacio confederal.

En cuatro años de #CGPJ secuestrado por la derecha política y judicial, estas asociaciones no han pedido dimisiones de los organizadores del incumplimiento constitucional, todos conocidos.

No tienen credibilidad para pedir la dimision de la Ministra. https://t.co/PT2mPmtVkO

— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) November 18, 2022

Del mismo modo, desde el gabinete de Yolanda Díaz, la cual no se ha pronunciado de forma expresa, aunque se espera que lo haga este viernes en un acto en Valencia, -varios días después del inicio de la polémica-, también se desmarcaron de los ataques a los jueces y el pasado miércoles pidieron "prudencia" y "analizar" el recorrido judicial de la norma.

Según señalan, su "objetivo y espíritu siempre ha estado claro", si bien se requiere ver cómo se desarrollan los acontecimientos para obtener conclusiones "más adecuadas para cumplir" con su finalidad, que es "garantizar los derechos y las libertades de todas las mujeres". Una opinión similar a la que expresó el ministro de Universidades, Joan Subirats.

El PSOE insiste en esperar al Supremo

Por su parte, desde el Consejo de Ministros, la consigna es clara: esperar a la jurisprudencia. Tal y como señaló el presidente, Pedro Sánchez, los ministros del PSOE ya se abren a una modificación del texto, aunque, de momento, lo respaldan. Teresa Ribera ha insistido en que "es un tema especialmente sensible. Es muy importante esperar a ver cómo se pronuncia el Supremo y cómo se unifica doctrina. El objetivo está claro, garantizar la máxima protección a las mujeres", ha explicado la ministra en una entrevista en TVE.

Del mismo modo, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha rechazado, en una entrevista en La 2 y Radio 4, atribuir responsabilidades a los jueces por las rebajas de penas y ha insistido en que la voluntad del Gobierno con esta nueva ley es tipificar como delitos conductas que antes no lo eran y ha considerado que "jueces y tribunales deben determinar y fijar un criterio de interpretación".

Pero en el seno socialista también hay otro silencio importante, el de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que, aunque no estaba en el momento en el que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto que pasó después al Congreso, pues la cartera la ostentaba Juan Carlos Campo, aún no se ha pronunciado. Esta jueza de profesión ha preferido esquivar un charco de dimensiones gigantescas porque nadie quiere una ruptura total en el Gobierno, aunque a muchos les gustaría mostrarle la puerta de salida a la propia Irene Montero.