El jefe de Instituciones Penitenciarias presumió de soltar más presos que nadie

Un asesinato ha conmovido a España estos últimos días. El pequeño Álex, de 9 años fue asesinado en Lardero por el criminal reincidente Javier Almeida. La opinión pública ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de la existencia de la prisión permanente revisable para este tipo de asesinos, una pena que el PSOE recurrió al TC y que éste ya la ha dado por buena. Pero no solo eso, el Gobierno no para de presumir de que es el que más presos pone en la calle.

 Fue el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el que en el Congreso de los Diputados defendió la política carcelaria del Ejecutivo, cuyo máximo responsable es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. De  hecho, dejó claro que su objetivo era "favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción social así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad".

Marlaska se hunde con estas frases sobre el asesinato del niño de Lardero

Así, presumió de los datos que generaba su sistema de tratamiento de los presos, al insistir en que desde la llegada al Gobierno del PSOE "ha disminuido la población reclusa en un 6,7%" y hay una "constante disminución de reclusos en primer grado de un 2,2% a un 1,3%".

Además, se vanaglorió de aumentar el número de presos en tercer grado, pasando de un 17,7% a un 20,5%, además de aumentar la semilibertad un 122% , desde que llegó al frente del órgano de control de las cárcerles. 

Menos presos en las cárceles

Y es que, esa es la intención del Gobierno, reducir el número de presos en las cárceles flexibilizando el sistema penitenciario, tal y como deslizó la que fuera directora del Intituto de la Mujer, Beatriz Jimeno. La dirigente morada dejó clara su negativa a la prisión permanente revisable y apostó por un modelo como el holandés. 

 "No queremos más presos ni más cárceles. Queremos cerrar cárceles y en algunos países se hace", señaló, haciéndose eco de una noticia en la que se explicaba que "el sistema judicial holandés está disminuyendo la población penitenciaria gracias, en parte, a programas de rehabilitación para personas con problemas de salud mental", lo que llevó a cerrar 23 cárceles en cinco años.

No queremos Prisión Permanente Revisable. No queremos más presos ni más cárceles. Queremos cerrar cárceles y en algunos países se hace. https://t.co/nD3Tez9C3P

— Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) December 17, 2019

Sin embargo, lo que no dice el Ejecutivo es que el Ministerio del Interior da un plus a los directores de las prisiones que más presos excarcelen. Ese complemento salarial se concede en función del porcentaje de terceros grados de los centros penitenciarios y puede ascender hasta los 2.000 euros anuales, según desveló El Español y ya habían denunciado los sindicatos de funcionarios penitenciarios.

Una instrucción que también detalla el valor económico de las excarcelaciones: más de un 60% de aumento de terceros grados da dos puntos para el 'índice de calidad del servicio' del que dependerá el premio al director; entre el 40% y el 60% concede punto y medio; entre el 20 %y el 40% da un punto; y menos del 20% no da puntos.

Menos etarras en prisión

Así, pues el Gobierno hace todo lo posible para reducir el número de población reclusa incluyendo a asesinos reincidentes como el caso del pequeño Alex o incluso de etarras. Según los datos de la AVT, sólo desde mediados de 2018 la Justicia ha dejado en libertad por cumplimiento de la condena a 54 terroristas, el primero de ellos Joseba Galarraga el 11 de junio de 2018 y el último el pasado 27 de agosto, Agustín Almaraz.

De hecho, desde este año ningún etarra cumple condena al sur de Madrid. La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 y de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior suma 272 traslados correspondientes a 203 etarras, 73 de ellos autorizados para ir al País Vasco -de los que se han materializado 63-, así como otros 17 a cárceles de Navarra.

Una política penitenciaria que tiene consecuencias, primero políticas ya que los presos de ETA siguen siendo una moneda de cambio con la que Bildu intenta presionar al Gobierno; y luego, y la más importante, los recelos de Gobierno ante la prisión permanente revisable ha provocado una terrible muerte, la de un pequeño a manos de un asesino reincidente que se sabía que volvería a matar.