Justicia dio información falsa a la AN sobre Carvajal que congeló su entrega

El 4 de marzo de 2020 el Ministerio de Justicia pilotado por Juan Carlos Campo informaba a la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que el Gobierno había aprobado la víspera la extradición a EEUU de Hugo Carvajal, pero debía suspenderse "mientras se halle pendiente de resolución" su solicitud de asilo.

Justicia mentía a la sección que preside Alfonso Guevara, responsable de aprobar o denegar la extradición judicialmente. Hacía seis meses (septiembre de 2019) que Interior había denegado su asilo. Tal decisión no le fue comunicada por Interior hasta un año más tarde(septiembre de 2021). Durante dos años la Audiencia Nacional estuvo atada por una falsa suspensión de la entrega de Carvajal a EEUU.

ESdiario reproduce en exclusiva la notificación a la Sección Tercera de lo Penal que dirige Alfonso Guevara, juez que arropó a Baltasar Garzón en un acto de despedida de la carrera por la acumulación de procesos por prevaricación.

El escrito, con fecha 4 de marzo de 2020, parte de la subdirección general de Cooperación Jurídica del ministerio de Justicia. Este escrito favorecía a Carvajal: ataba las manos de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional para extraditarlo porque, falsamente, le hacía creer que estaba en tramitación un proceso de solicitud de asilo, hecho que paraliza su entrega mientras se tramita. También se reproduce el informe de Interior con la fecha de la denegación del asilo, 23 de septiembre de 2019.

En marzo de 2020, cuando Justicia ayuda con su error a Carvajal, el exgeneral no había presentado aún en el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional una orden de contratación del bufete de Garzón, Ilocad, por PDVSA por casi nueve millones y un extraño clausulado que incluía "coordinación con jueces y fiscales" en España.

Ilocad ha matizado que dicho contrato le vino de la mano del bufete Squire Patton, defensor de un narcosobrino de Nicolás Maduro en EEUU. La relación entre Garzón y Carvajal hasta la entrega al juez de ese material distaba de ser hostil. De hecho, el bufete de Garzón realizó años atrás un informe para la defensa de Carvajal tras ser detenido en Aruba y peligrar su entrega a EEUU. La minuta de Ilocad la pagó un contratista estatal venezolano, Wilmer Ruperti, que se jactó de haber financiado también la defensa de los narcosobrinos.

El 14 de septiembre de 2021, la sección de Guevara pide información a Interior sobre el estado del procedimiento de asilo de Carvajal. Interior le informa que tal proceso se terminó ... hace dos años, el 23 de septiembre de 2019.

Durante ese tiempo el Gobierno, a través de Justicia e Interior, a tenor del expediente, ocultó oficialmente tal dato clave a la sala de la Audiencia Nacional que debía ejecutar precisamente la entrega a EEUU de Carvajal, algo que no podía hacer mientras creyera que estaba suspendida por un proceso de solicitud de asilo.

Con esta información ya en su bolsillo, el pasado 21 de octubre la sección de Guevara urgió la entrega a EEUU de Carvajal sin admitir dilación alguna por su labor de testigo y denunciante de presuntos pagos chavistas a fundadores de Podemos o al bufete de Garzón.

Esto se producía semanas después que TheObjective informase que Carvajal había entregado al juez García Castellón una orden de PDVSA de 2016 para la contratación por casi 9 millones de euros del bufete de Garzón, el juez arropado años atrás por Guevara cuando lidiaba con tres frentes de delitos.

La Sala de Guevara empatizó con el vértigo gubernamental para extraditarlo. Interior ocultó la fecha real de petición de extradición, 1 de mayo, y la cambió a 13 de junio de 2019, para facilitar que la CIAR, comisión interministerial que las aprueba, considerara que era mero un ardid para evadir la extradición, solicitada el 10 de mayo. El decorado así era perfecto: Carvajal parecía haber pedido asilo tras requerirse su entrega, cuando la realidad era la contraria. Lo reclamó nueve días antes. Y supo la negativa con dos años de retraso.

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A esto se une ese error de la sala de Guevara que, in extremis, revocó su auto para ejecutar la extradición de Carvajal porque tenía que subsanarlo. El error nada burocrático es que olvidó exigir garantías a EEUU, tal y como estableció el pleno de la Audiencia Nacional, de que Carvajal no sería condenado a prisión perpetua.

En uno de sus recursos, Carvajal toca una herida sangrante para la justicia española: recuerda que EEUU carece de legitimidad para pedir su extradición porque no entregó nunca a los militares que mataron en Irak con un disparo de su tanque al periodista José Couso. Ahí Garzón arropó al juez Santiago Pedraz ante las presiones del PP para archivar tal causa.