La Fiscalía no ve “favores sanitarios” de López Miras a la familia de Egea

La Fiscalía da la razón a Teodoro García Egea y respalda las actuaciones del gobierno de Murcia presidido por el popular Fernando López Miras. El ministerio fiscal no ve indicios de “gestión espuria” por parte de la consejería de sanidad murciano a la hora de tratar a un familiar del secretario general del PP. 

El fiscal pide por tanto que se cierre el caso después de que Izquierda Unida y Podemos denunciasen al presidente López Miras y al secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente. El motivo, acusaciones de un presunto delito de cohecho por haber mediado, supuestamente, para que se adelantara la fecha de una intervención quirúrgica de un familia de García Egea. 

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Unas acusaciones que, para la Fiscalía, no tienen sustento al no haber encontrado pruebas que indiquen tal cosa. Por lo que el ministerio público ha pedido al juez que desestime la causa y de “carpetazo” al proceso. 

Según ha adelantado el diario “La verdad”, el fiscal Juan Pablo Lozano matiza que su organismo ha tenido acceso a unas certificaciones firmadas por el coordinador de admisión del Servicio Murciano de Salud (SMS). Unos documentos que no solo no muestran irregularidades, sino que “justifican” los plazos y “el tratamiento, prioridad y fechas de la intervención médica objeto de la denuncia”. 

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Unas evidencias que dejan constancia, según la Fiscalía, de que no existe delito alguno, aunque la izquierda asegura que sí lo hay. Se basan para ello en una fotografía de la pantalla del teléfono móvil de López Miras, durante una sesión en la Asamblea de Murcia, en la que se podía observar una conversación de WhatsApp entre el presidente murciano y García Egea. 

“Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde”, decía el presidente autonómico, a lo que respondía Egea con un “Cojonudo”, según publicó en su momento el portal “Info Libre”. Un portal que, junto a los partidos de izquierdas que han interpuesto la denuncia, da por confirmado que no se trata de un interés por el familiar y por conocer la fecha exacta de su operación. Para estos se trata de una orden de López Miras al reponsable de salud para que adelantase la intervención. Ahora la última palabra la tiene el juez que investiga el caso.