| 15 de Febrero de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez tiene ahora un problema con la judicatura.
Pedro Sánchez tiene ahora un problema con la judicatura.

Hecho el pacto, Sánchez trata de neutralizar la intervención de la UE

Al futuro presidente le preocupa una posible actuación conjunta de las asociaciones de Jueces y Fiscales, todas contrarias al pacto, no tanto en España, sino ante las instituciones europeas

| Esther Jaén España

 
Pedro Sánchez ya tiene la investidura al alcance de su mano, con la rúbrica de Junts en el último documento y con permiso del PNV, que falta por dar su sí. Pero nadie en el PSOE cree que el PNV pueda suponer, a estas alturas, un problema, para que el próximo día 15 Sánchez arranque su debate de investidura y al día siguiente, el jueves 16 (ésas eran las fechas que manejaban en el entorno de Pedro Sánchez y que el viernes podría hacer públicas la presidenta del Congreso, Francina Armengol) salga investido presidente del Gobierno. Eso, al menos, es lo que han pactado con los de Puigdemont, que Sánchez será elegido en primera votación.

Que nadie se haga ilusiones, porque en el PSOE, más que sonrisas de alegría, lo que se lleva son los suspiros de alivio, porque, si bien es cierto que han salvado la legislatura "por la campana", también lo es que les espera un calvario. En primer lugar, eso que Sánchez se ventiló con un "hacer de la necesidad virtud", no es tan fácil de explicar… Al PSOE se le nota que le aprietan las costuras y, pese al alivio de última hora, sus actuales dirigentes tienen que dedicarse a argumentar y argumentar contra la hemeroteca. Lo que antes no era posible, ahora es la única forma de solucionar el "conflicto catalán".

Con respecto a los acuerdos suscritos con Junts, tampoco se respira jolgorio entre la parroquia sanchista, pero sí alivio. Dicen en el entorno del líder del PSOE que han logrado que eso del 'lawfare' y el reconocimiento de que habría jueces haciendo política no vaya en la Ley de Amnistía, ni sea automatizado, que han conseguido llevar la discusión a un punto en el que todo queda abierto, a expensas del dictamen de una Comisión de Investigación, que el PSOE no se ha comprometido a celebrar referéndum de autodeterminación alguno, aunque en el texto aseguran que Junts lo propondrá, si bien es cierto que lo hará dentro de la Ley.

 

Que el acuerdo está cerrado y que Sánchez será presidente es ya un hecho, guste o no al respetable. Pero Sánchez ya tiene en mente otra pantalla sobre la que avanzar su estrategia. El rechazo generado por este acuerdo es muy fuerte y el presidente todavía en funciones lo sabe. Le preocupa una posible actuación conjunta de las asociaciones de Jueces y Fiscales, no tanto en España, sino ante las instituciones europeas. Que quienes imparten justicia acepten la posibilidad, por remota que sea, de que en España puede estarse produciendo un lawfare en los tribunales por los que han pasado todos los ciudadanos que fueron a las barricadas o a los colegios electorales para celebrar el referéndum ilegal, es algo impensable en un estado democrático.

Movimientos en Europa

"Los jueces -dicen muchos de ellos, consultados por este diario- nos limitamos a aplicar la justicia. La elaboración de las leyes corresponde al legislador". Un argumento contra el que un insigne dirigente socialista advertía en conversación con este periódico "Sí, pero muchos jueces interpretan la Ley en función de sus convicciones políticas y por razones históricas, la mayoría de los jueces asociados son conservadores". Sánchez sabe que tiene a un buen número de miembros de la Justicia, y en especial, de los más altos órganos del Poder Judicial, en su contra y radicalmente en contra de su último "cambio de opinión", con respecto a la amnistía.

Y es consciente, además, de que hay movimientos para que, al menos las asociaciones conservadoras, vayan a reclamar y denunciar ante la Unión Europea, donde el presidente se mueve como pez en el agua y pretende seguir haciéndolo, si no acaba ostentando un puesto en el corazón de Europa. Teniendo en cuenta que el comisario Didier Reynders anda con la mosca detrás de la oreja, el líder socialista no quiere problemas, ni mucho menos que una denuncia de grueso calado, que podría vehicular el PP, pero apoyar con su presencia en Europa las Asociaciones de Jueces y Fiscales, puedan acabar en una sanción económica para España.

Es decir, en un momento económico delicado, en el que hay mucho gasto comprometido para Cataluña y para acallar también al resto de Comunidades Autónomas. Sánchez no quiere ni pensar que le puedan  'cerrar el grifo' de los fondos que hasta ahora ha ido recibiendo. Eso supone avanzar unas cuantas pantallas y adelantarse a la más inmediata: el debate de investidura. Pero dicen en su entorno que el presidente ya está pensando en ese futuro inmediato y en la estrategia con la que neutralizar a quienes quieren aguarle la fiesta.

Pedro Sánchez es, como dijo Billy Wilders "una de esas personas que solo guiñan un ojo para apuntar mejor antes de disparar". El caso es que sus socios lo saben. De ahí que este pacto se base más en la necesidad que en la confianza, porque no parece que nadie se fie de nadie en esta 'nueva mayoría'.