| 27 de Abril de 2024 Director Benjamín López

× Portada España Investigación Opinión Medios Chismógrafo Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha C. Valenciana Economía Deportes Motor Sostenibilidad Estilo esTendencia Salud ESdiario TV Viajar Mundo Suscribirse
La diputada de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez.
La diputada de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez.

Vox estrena su marcaje a Urkullu denunciando enchufes: la "sopa boba" del PNV

El Boletín Oficial del País Vasco echa estos días humo. Tanto que ya se habla de la "agencia de colocación" del lendakari. Y el partido de Abascal se propone acabar con el "chiringuito".

| J.R.V España

"Preguntas de interés para todos. Fin al chiringuito vasco". Vox se ha estrenado en su labor de oposición en el Parlamento Vasco. Y eso que no lo va a tener nada fácil su única parlamentaria, Amaia Martínez, tras el cordon sanitario impuesto al partido de Santiago Abascal por PNV, Bildu, PSE y Podemos.

Pero Martínez ha comenzado a poner en pie su estrategia en plena conformación de la segunda estructura del gobierno de coalición que lidera el lendakari Íñigo Urkullu y la líder socialista, Idoia Mendía, número tres de su  Ejecutivo.

Y es que el Boletín Oficial del País Vasco echa humo estos días con la publicación de los nombramientos del los viceconsejeros, directores generales y centenares de asesores. En lo que la oposición ya ha dado en llamar "agencia de colocación" de PNV y PSE. Martínez ha llegado a hablar de la "sopa boba" del nacionalismo.

Dos casos en concreto, entre una decena de ellos más, han provocado en el País Vasco una notable polémica. El primero, el de la exconsejera de Educación, Cristina Uriarte, a la que Urkullu no ha revalidado el cargo tras quedar achicharrada en su gestión, enfrentada a los sindicatos y profesionales de la enseñanza.

Pues, bien, Uriarte ha sido repescada por el propio lendakari como asesora suya en materia de "innovación". Rango de viceconsejera, despacho y nómina de 85.000 euros anuales en catorce pagas.

Caso similar al que ha provocado Jonan Fernández, el exresponsable de la Secretaría General de Derechos Humanos y Convivencia y al que las víctimas de ETA han censurado en toda la pasada legislatura por su equidistancia.

Removido del cargo, Urkullu lo ha mantenido en su círculo más estrecho como responsable de un nuevo destino creado ad hoc, la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030. Otra abultada nómina a cargo del contribuyente vasco.