Podemos sube la apuesta y a los ataques a la Corona suma a la lengua española

La ofensiva lanzada por Podemos y los socios independentistas de Sánchez contra el uso del español en las instituciones, pareja a su acoso a la Corona, empieza a tomar forma, tras el anuncio de la presentación de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para acabar con lo que consideran una "imposición legal del castellano" en España. 

 De hecho, desde la propia vicepresidencia del Gobierno comandada por Pablo Iglesias ya se preparando una traducción completa de los documentos relacionados con la llamada Agenda 2030, en todas las lenguas cooficiales del Estado para lo que se está destinando una partida de dinero público de más de 65.000 euros. 

Ataque coordinado al español patrocinado por Podemos: "Una lengua impuesta"

 Así, el departamento dirigido por Iglesias ya ha puesto en marcha la contratación del servicio de traducción de toda la producción documental de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, preparatoria de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y del Informe para el Examen Nacional Voluntario 2021 a presentar ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas que se celebrará el próximo mes de julio. 

En la licitación se ha dividido en varios lotes en función de cada una de las lenguas a la que se vayan a trasladar los documentos, que incluyen además todos los que “serán necesarios para su preparación", junto con "otros recursos fundamentales para la difusión y conocimiento de la implementación de la Agenda 2030 a lo largo de 2021". 

De esta manera, para todos los documentos que se traduzcan al inglés tendrá un presupuesto de 35.550, mientras que para el resto de lenguas cooficiales –euskera, catalán, gallego y valenciano-, se destinarán 30.600 euros, repartidos en cuatro lotes de 7.650 euros cada uno. 

Los precios se han calculado, según el Ministerio, "sobre los precios unitarios por palabra y el número de palabras, habiéndose tenido en cuenta los precios habituales del mercado". De esta manera, "el valor estimado del contrato es el resultado de dividir el número de palabras que se estiman para las traducciones que constituyen el objeto de este contrato, que ascienden a 735.000, por el precio máximo por palabra para cada uno de los idiomas, que se estima en 0,09 euros". 

Los partidos independentistas capitaneados por Podemos quieren evitar la "discriminación" que, a su juicio, sufren sus lenguas

Esta es, en definitiva, solo el inicio de la plasmación oficial de la proposición no de ley que Unidas Podemos y los independentistas de Bildu, ERC, Junts, PDeCAT y la CUP defenderán el próximo martes en el Pleno del Congreso. Iglesias lo ha hecho sin tener la obligación legal de hacer esta traducción, pero lo que pretenden con esta iniciativa es que sea algo indispensable. 

De hecho, los partidos firmantes instan al Gobierno a impulsar acciones para que lenguas como el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano gocen "del mismo reconocimiento" que el castellano, y sus hablantes "de los mismos derechos y deberes", y a garantizar que los funcionarios que prestan servicios en esos territorios la conozcan. 

"Un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística", señalan en el texto, apuntando la situación de "discriminación" a la que, a su juicio, han sido sometidos en algunas comunidades con lenguas propias distintas del castellano. 

Por ello, piden poner fin a "la imposición legal exclusiva del castellano" en la normativa estatal por afectar "de manera frontal" al ámbito económico y, singularmente, al etiquetado, y exigen la puesta en marcha de una política que termine con esta "discriminación" lingüística y fomente el conocimiento de otras lenguas.