| 04 de Diciembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

La ley "confiscatoria" de vivienda nace muerta por la rebelión autonómica

Las comunidades autónomas serán las que decidan si aplican la norma o no puesto que las competencias de vivienda son suyas.

| Andrea Jiménez España

El Gobierno ya tiene sobre la mesa su nueva Ley de Vivienda, tras muchos tiras y aflojas entre los socios de la coalición, finalmente Podemos se ha salido con la suya imponiendo un control de precios al alquiler que, en primer lugar no tendrá un efecto inmediato y que queda en manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, ya que serán los encargados de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismos. Pero muchos ya han avisado que no tienen intención de imponer una norma que atenta contra la propiedad privada.

En primer lugar, no será inmediata porque el Gobierno ha decidido darse un plazo máximo de 18 meses, desde la entrada en vigor de la futura ley de vivienda, para trabajar con las comunidades autónomas y las administraciones implicadas los índices de precios de los alquileres que servirán de referencia a los territorios para aplicar las limitaciones e incentivos que se contemplen en esa norma, por lo que entre trámites parlamentarios y negociaciones la norma no se aplicará antes de dos años.

Además, el entendimiento entre Comunidades y Gobierno parece poco probable, por el carácter intervencionista de la misma. De hecho, el PP ya ha avisado que pretende llevar la norma ante el Tribunal Constitucional y los presidentes autonómicos del partido ya han mostrado su total oposición.

De hecho, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que defenderá a los propietarios y les "blindará" frente al proyecto de Ley de Vivienda nacional "intervencionista" que han pactado el PSOE y Podemos y que, en caso de aprobarse, obligará a los grandes propietarios a bajar los alquileres y congelará el precio a los particulares.

"Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida. Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada", ha manifestado,  la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín.

Por todo ello, la titular regional de Vivienda estará "muy atenta" al texto completo de este anteproyecto de Ley, ya que hasta ahora solo conocen detalles a través de declaraciones de miembros de Podemos y noticias de prensa. "Si su aplicación depende de las comunidades, buscaremos cómo blindarnos ante estos planteamientos para defender a los ciudadanos", ha reiterado.

Una norma "intervencionista"

En el mismo sentido se han mostrado desde Castilla y León, que también considera la norma "intervencionista". De hecho, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que respeta el derecho de propiedad y la libertad de empresa "como bases y derechos constitucionales de nuestro sistema jurídico", por lo que apostará por políticas de "incentivo".

La Junta apuesta por ofrecer a los ciudadanos un parque público de viviendas en alquiler "asequible" como forma de acceder a una vivienda digna. "Por esta razón en estos dos años hemos incrementado en parque público en casi 700 viviendas y pretendemos alcanzar las 3000 viviendas. Para ello rehabilitamos viviendas en el medio rural (llegaremos a 500 con más de 24 M€ en colaboración con las Diputaciones)", han añadido.

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Alberto Núñez Feijóo

También, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su oposición a la iniciativa del Gobierno de coalición no solo por su contenido, del que "no se desprende nada bueno", sino también por el hecho "sorprendente"  de que el Gobierno acuerde la ley de vivienda sin "ponerse de acuerdo primero con las comunidades autónomas", que, en definitiva, son las competentes.

Junto a ellos, el Gobierno murciano ha considerado que la norma "aumenta la inseguridad jurídica de los propietarios ya que se perseguirá a todos los que no cumplan unos estándares". Además, prevé que "desincentivará el mercado y contraerá la oferta de viviendas en alquiler".

A su juicio, se trata de una "vulneración" de la propiedad privada ya que "establece que el fin de la vivienda es únicamente 'social', lo que va a significar que este mercado estará controlado totalmente por el Estado".

Esta estrategia de intervención pública en el mercado de la vivienda, "de poner límites, ya ha fracasado en otros países"

Por su parte, el Ejecutivo andaluz ha expresado su rechazo a acotar el precio máximo de la vivienda en alquiler. El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha manifestado que "este Gobierno está en contra del intervencionismo, de la hiperregulación" y ha abogado como medida alternativa a rebajar el precio del alquiler "construir más viviendas públicas y no intervenir en el mercado".

A juicio de Bendodo, esta estrategia de intervención pública en el mercado de la vivienda, "de poner límites, ya ha fracasado en otros países" y ha abogado por que "no venga nadie a inventar la pólvora".

 De hecho, el control de precios al alquiler no es un propuesta innovadora, sino que ya se ha puesto en marcha en algunos lugares de Europa, sin mucho éxito. Berlín, Países Bajos, Francia o Italia tienen normas que intentan controlar los precios y en muchas ocasiones han generado una falta de oferta de viviendas que tensionan aún más el mercado.