La ley "confiscatoria" de vivienda nace muerta por la rebelión autonómica

Por todo ello, la titular regional de Vivienda estará "muy atenta" al texto completo de este anteproyecto de Ley, ya que hasta ahora solo conocen detalles a través de declaraciones de miembros de Podemos y noticias de prensa. "Si su aplicación depende de las comunidades, buscaremos cómo blindarnos ante estos planteamientos para defender a los ciudadanos", ha reiterado.

Una norma "intervencionista"

En el mismo sentido se han mostrado desde Castilla y León, que también considera la norma "intervencionista". De hecho, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que respeta el derecho de propiedad y la libertad de empresa "como bases y derechos constitucionales de nuestro sistema jurídico", por lo que apostará por políticas de "incentivo".

La Junta apuesta por ofrecer a los ciudadanos un parque público de viviendas en alquiler "asequible" como forma de acceder a una vivienda digna. "Por esta razón en estos dos años hemos incrementado en parque público en casi 700 viviendas y pretendemos alcanzar las 3000 viviendas. Para ello rehabilitamos viviendas en el medio rural (llegaremos a 500 con más de 24 M€ en colaboración con las Diputaciones)", han añadido.

Alberto Núñez Feijóo

También, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su oposición a la iniciativa del Gobierno de coalición no solo por su contenido, del que "no se desprende nada bueno", sino también por el hecho "sorprendente"  de que el Gobierno acuerde la ley de vivienda sin "ponerse de acuerdo primero con las comunidades autónomas", que, en definitiva, son las competentes.

Junto a ellos, el Gobierno murciano ha considerado que la norma "aumenta la inseguridad jurídica de los propietarios ya que se perseguirá a todos los que no cumplan unos estándares". Además, prevé que "desincentivará el mercado y contraerá la oferta de viviendas en alquiler".

A su juicio, se trata de una "vulneración" de la propiedad privada ya que "establece que el fin de la vivienda es únicamente 'social', lo que va a significar que este mercado estará controlado totalmente por el Estado".

Esta estrategia de intervención pública en el mercado de la vivienda, "de poner límites, ya ha fracasado en otros países"

Por su parte, el Ejecutivo andaluz ha expresado su rechazo a acotar el precio máximo de la vivienda en alquiler. El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha manifestado que "este Gobierno está en contra del intervencionismo, de la hiperregulación" y ha abogado como medida alternativa a rebajar el precio del alquiler "construir más viviendas públicas y no intervenir en el mercado".

A juicio de Bendodo, esta estrategia de intervención pública en el mercado de la vivienda, "de poner límites, ya ha fracasado en otros países" y ha abogado por que "no venga nadie a inventar la pólvora".

 De hecho, el control de precios al alquiler no es un propuesta innovadora, sino que ya se ha puesto en marcha en algunos lugares de Europa, sin mucho éxito. Berlín, Países Bajos, Francia o Italia tienen normas que intentan controlar los precios y en muchas ocasiones han generado una falta de oferta de viviendas que tensionan aún más el mercado.