Pedro Sánchez ‘el moroso’ lleva a España al mayor impago desde la Guerra Civil

Tal y como venimos contando en ESdiario, un nuevo escándalo económico acecha al Gobierno de Pedro Sánchez al negarse, literalmente, a cumplir con resoluciones internacionales -concretamente laudos- que obligan al Gobierno a indemnizar con casi 1200 millones -concretamente 1175 millones- a 21 empresas. A esto hay que sumarle, además, los crecientes intereses por el retraso en el pago y los adicionales gastos en servicios jurídicos que el Ejecutivo está despilfarrando para defenderse en los litigios. Esos costes añadidos, en total, arrojan ya -y creciendo- la friolera de 250 millones de euros.

Las sociedades e inversores han exigido, concretamente, que se les pague las indemnizaciones correspondientes por la retirada retroactiva de los incentivos a la inversión en energías renovables que se habían establecido en la década de 2000 para atraer inversiones al sector de las renovables. Estos incentivos fueron recortados como resultado del estallido de la crisis de 2008.

Por tal motivo, en los últimos años, alrededor de cincuenta empresas han presentado recursos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que es el principal órgano de arbitraje internacional. Estos procedimientos son vinculantes para España, ya que es signataria del Tratado de la Carta de la Energía.

Nuevo escándalo de Pedro Sánchez 'el moroso': debe 1200 millones a 21 empresas 

Pedro Sánchez lleva a España a default por primera vez desde 1936

El incumplimiento de Pedro Sánchez con la legalidad internacional no solo está endeudando a las generaciones presentes y futuras, dañando la marca España, incrementando la inseguridad jurídica y, en suma, desalentando la tan necesaria inversión extranjera en nuestro país; también ha originado que cuatro bonos de deuda española estén en una situación técnica de impago.

La consecuencia directa es clara. La deuda soberana española ha entrado en situación técnica de default o impago por primera vez desde el año 1936, cuando España estaba en plena Guerra Civil.

Los títulos de deuda soberana que ya están en situación de impago arrojan un valor de más de 1.000 millones de euros. Y esta situación a la que el Gobierno ha llevado a España no es banal. Esta circunstancia amenaza con encarecer significativamente, de ahora en adelante, el coste de financiación de las emisiones de la deuda soberana española, además de suponer un problema muy grave en términos de seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica, tal y como alertan los economistas consultados por ESdiario.

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En la Unión Europea solo hay otro caso de impago como el de España

Cabe destacar que el Gobierno de España ha realizado una serie de emisiones de deuda internacionales reguladas bajo los estándares de la common law británica, que es la regulación que suele prevalecer en los mercados de capitales globales. En este sentido, tales emisiones de deuda están sujetas a una serie de cláusulas entre las que se detallan cuándo un Estado incurre en impago o default. Así, la cláusula Events of default -Eventos de impago- lo deja claro. España “incumple en el pago debido y puntual del principal, de la prima, del pago anticipado (si lo hubiere) o de los intereses de cualquier deuda de, asumida o garantizada, en el momento en que dicha deuda venza y el incumplimiento continúe más allá del periodo de gracia aplicable a la operación en cuestión”.

En conclusión, subrayar que en la historia financiera de nuestro país no ha habido ningún episodio similar desde 1936 cuando estalló la Guerra Civil. De hecho, en la Unión Europea tampoco ha habido evidencia de tales episodios en décadas, excepto por el impago de Grecia en el verano de 2015, cuando no cumplió con su obligación de devolver ciertos fondos al FMI.

En caso de que el Gobierno de Pedro Sánchez siga sin cumplir con la legislación internacional, este default podría tener graves consecuencias para las operaciones de endeudamiento soberano del Tesoro: podría bloquear el acceso a instrumentos de financiación y desencadenar nuevos defaults por parte de otros tenedores de deuda, además de causar un daño considerable a la imagen de España en los mercados.