| 28 de Febrero de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Sánchez, este miércoles en el Congreso con gesto pensativo.
Sánchez, este miércoles en el Congreso con gesto pensativo.

La amnistía empantanada en "vía muerta" llena de dudas y desánimo La Moncloa

La Ley sigue en punto muerto y la legislatura también, pero en el Gobierno va creciendo la sombra de la duda sobre la posibilidad de sacar adelante el texto. Y las “ocurrencias" no funcionan

| Esther Jaén España

 

Parecía difícil conseguir poner de acuerdo, y en el mismo frente, a dos miembros del Gobierno, como la Vicepresidenta, Yolanda Díaz, abogada de profesión, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, jueza del Tribunal Supremo hasta que se enroló en el equipo de Pedro Sánchez. Pero las últimas gestiones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, alrededor de la tan manida Ley de Amnistía lo han logrado. A ellas y a algunos más.

No solo son estas dos de los miembros del Gobierno que, quizá por su respectiva formación, no ven con buenos ojos la senda que han tomado las negociaciones en torno a la ley.

Junts y ERC protagonizan con la amnistía una lucha de ciervos en berrea dentro del independentismo, con el Gobierno de Pedro Sánchez en el medio de ambas testas.

En concreto, el último globo sonda que se encargó de poner en circulación el propio presidente del Gobierno en un plató de televisión, la supuesta intención de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los plazos que tienen los jueces para trabajar en una investigación, que todos los malpensantes asociaron al hecho de que el juez Manuel García Castellón tras cuatro años con el sumario a cuestas, haya decidido imputar a Carles Puigdemont por terrorismo a cuenta de las fechorías de Tsunami Democràtic.

Y que el juez Joaquín Aguirre vea también serios indicios de “alta traición” de Carles Puigdemont, al que vincula a supuestas negociaciones con la Rusia de Vladimir Putin, para desestabilizar a España y a la UE a partir del conflicto catalán.

 

Ese globo sonda en cuestión ha tardado apenas 24 horas en ser pinchado, precisamente por Junts, que no entiende esa modificación como un “cariño” que le hace el Gobierno, sino como una inutilidad que no les ayuda en nada a conseguir el objetivo: evitar una condena penal contra Carles Puigdemont y un círculo reducido de su entorno.

 

La amnistía empantanada está amargando a Sánchez la campaña gallega.

De nada les sirve que el Gobierno trate de apretar las tuercas a los dos jueces que se las aprietan a Puigdemont. El caso es que cada día que pasa y a cada propuesta, filtración e iniciativa del Gobierno que afecta al Poder Judicial, las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial se van envenenando más y más.

Independientemente si son conservadores o progresistas, buena parte del colectivo judicial está absolutamente enfadado y/o molesto con el Gobierno de Pedro Sánchez, por la parte que les toca.

Y prácticamente todos aquellos miembros del Ejecutivo que tienen conocimientos y/o contactos con el mundo judicial evitan referirse a estos temas o se despachan las preguntas de la prensa con un “disculpe, pero no conozco la negociación”.

Esos ministros que conocen perfectamente cómo están afectando al colectivo judicial estas maniobras gubernamentales saben que el objetivo es atraerse el reconocimiento y especialmente los 7 votos de Junts, necesarios para aprobar la amnistía y poder avanzar en la legislatura. Pero no creen que el Ejecutivo esté yendo por el camino correcto, por decirlo suavemente.

Sencillamente, lo que pide Junts hoy por hoy “es inviable”, en palabras de un miembro del Ejecutivo.

Con la imputación por delito de terrorismo y su supuesta conexión con Rusia, en la “hoja de servicios” de Puigdemont, resulta difícilmente amnistiable el president que un día se fugó en el maletero de un coche para evitar comparecer ante la Justicia Española.

Pero los parches que está poniendo el Gobierno, estableciendo distingos entre el terrorismo que vulnera los derechos humanos y el terrorismo light que, supuestamente, no los vulneraría, o anunciando la reforma del Código de Enjuiciamiento Civil complican aún más la posibilidad de sacar adelante esa Ley de Amnistía.

Y, por si fuera poco, ahora el Ejecutivo se encuentra atrapado en medio del “fuego amigo”: los socios de ERC, que quieren llevar la Ley de Amnistía tal como estaba sin tocar ni una coma más (con lo que Junts se tendría que envainar su “no” y aceptar las tesis de ERC) y los de Junts, que piden una “amnistía integral” que hasta los más optimistas del Gobierno aseguran que es inviable.

Toda una lucha de ciervos en berrea dentro del independentismo, con el Gobierno de Pedro Sánchez en el medio de ambas testas.

De nada sirve que el Gobierno trate de apretar las tuercas a los dos jueces que se las aprietan a Puigdemont. El caso es que cada día que pasa y a cada propuesta, filtración e iniciativa de Moncloa que afecta al Poder Judicial, las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial se van envenenando más y más.

La Ley de Amnistía sigue en punto muerto y la legislatura, también, pero en el Gobierno va creciendo la sombra de la duda sobre la posibilidad de sacar adelante el texto. Y las “ocurrencias” y guiños a Junts no funcionan. Sencillamente, lo que pide Junts hoy por hoy “es inviable”, en palabras de un miembro del Ejecutivo.