Un documento airea un turbio caso de comisiones de Zapatero y Bono en Venezuela

Entre los documentos que la ahora "expulsada", por el régimen de Nicolás Maduro, Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, ha entregado a la CIA e Interpol hay un expediente que hace referencia a un asunto relacionado con España. Es un expediente concreto con este título: "caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada en España, Evert García Plaza, Alto mando militar".

¿A qué se refiere esta parte de los archivos de la Fiscal Ortega? Haciendo memoria, en el año 2005 el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero suscribía un acuerdo con el Gobierno de Venezuela -entonces presidido por Hugo Chávez- para la venta de cuatro barcos para la Armada de ese país. Entonces el ministro de Defensa, y por lo tanto máximo responsable de la venta de material militar a otros países, era José Bono, que ocupó esa cartera en tiempos de Zapatero entre los años 2004 y 2006.

Según detalla el informe, el acuerdo firmado entre los dos gobiernos incluía la construcción de cuatro BVL -Buques de Vigilancia Litoral- con un coste total de 508,68 millones de euros; y de cuatro POVZEE -Patrulleros Oceánicos para la Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva-, con un precio de 698,71 millones de euros. El coste total de la operación fue de 1.207,39 millones de euros. Un precio cerrado, según los acuerdos, pero que en los papeles varía sensiblemente: el Gobierno de Venezuela abonó 1.246 millones de euros en la operación. Es decir, 38.600.000 euros de más.

Todo ello, según la investigación de la Fiscal, gracias a la sorprendente aparición en esta millonaria operación de una empresa de intermediación: Rabazven Holding, que se embolsó el 3,5% del total del dinero del contrato. Las dudas legales están perfectamente fundadas ya que a la Fiscalía venezolana le parecía sospechosa esta intermediación, tratándose de un contrato que, según la declaración oficial del Gobierno de Zapatero, había sido conseguido a nivel totalmente gubernamental porque la naviera adjudicataria, Navantia, es una empresa 100% pública, y las negociaciones fueron llevadas a cabo por el propio Bono, ministro de Defensa.

El contrato se firmó por todo lo alto en Caracas y hasta allí se trasladó Bono junto al entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén.

En el año 2010 trascendían algunos datos públicos de esta desmesurada comisión y nadie entonces dio explicaciones ni en Venezuela ni en España. El ya expresidente de Navantia, que  se encontraba en ese año ya al frente de Sainsel Sistemas Navales S.A, negaba cualquier explicación y remetía para ello a los responsables de empresa pública. 

La respuesta de esta empresa fue que "Rebazven ha estado históricamente en las operaciones de venta en Venezuela". Fue entonces cuando un medio de comunicación preguntó por qué se usó un intermediario que se embolsaba más de 38 millones en la operación si oficialmente la venta era un logro directo de Zapatero y Bono. La respuesta de los astilleros públicos apuntaba a la gestión de Bono en Defensa: "pregunte en Defensa, que son ellos quienes firmaron el contrato".

Tal y como recoge el informe, Defensa nunca dio explicaciones de esa operación. Sí lo hizo Hugo Chavéz quién argumentó en su día: "queríamos ayudar a España porque el presidente Zapatero me dijo un día que tenían problemas con los astilleros y entonces orientamos la adquisición de Estado a Estado". 

Pero el desvío de más de 38 millones de euros en comisiones no es la única polémica de operación de Bono. Los pagos de Venezuela se demoraron y en 2016 seguían sin abonarse casi 312 millones de euros que la empresa pública española había abonado en concepto de garantía de entrega de los trabajos.