Montero se ahoga entre "gritos" de dimisión y 'la manada' le da la puntilla

Irene Montero se ahoga. Por mucho que intente despejar su responsabilidad acerca del desastre que está suponiendo la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la 'ley del sí es sí', acusando a la Justicia de machista, el clamor exigiendo su dimisión es unánime.

Jueces, fiscales y la oposición en pleno exigen su salida del Consejo de Ministros, al tiempo que los abogados de violadores y agresores sexuales siguen presentado recursos para reducir las penas de los condenados. El caso más 'sangrante' es el de 'la manada' que ya ultima el texto para librar a uno de sus defendidos de la cárcel. Y es que, la violación grupal de Pamplona que sacó a las feministas a la calle para pedir una mayor pena de prisión para los agresores apunta a que terminará por ponerle la puntilla a la ministra de Igualdad.

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De hecho, el abogado de 'la manada', Agustín Martínez, trabaja en la presentación de un recurso para solicitar una revisión a la baja de la pena para uno de sus representados, condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas.

Así lo ha confirmado este jueves el propio Martínez en una entrevista en Canal Sur Radio, que aunque no ha aportado más detalles acerca del recurso, todo apunta a que el beneficiado sería Ángel Boza, condenado a 15 años de prisión por la violación grupal de los Sanfermines en 2016, ya que el resto suman otras penas por casos como los abusos sexuales de Pozoblanco y no podrían beneficiarse de ninguna rebaja.

Martínez ha defendido durante la entrevista que esa rebaja en la condena "es perfectamente posible porque se han reducido los mínimos de las penas y la sentencia dictada en su día por el Tribunal Supremo hacía la acotación de referirse a que efectivamente se aplicaba el mínimo penal y, habiéndose modificado el mínimo penal, pues entiendo que es más favorable la aplicación de la norma actual".

Agustín Martínez, abogado de 'la manada': "Lo que hay es una mala ley, basada exclusivamente en la propaganda y que ha intentado engañar a la población, vendiéndose como que era una una reforma muy positiva"

Por ello, pese a que la ministra ha insistido una y otra vez en que la culpa de esta rebaja de penas se debe a una mala aplicación de los jueces que tienen un sesgo machista, el abogado ha insistido en que "lo que hay es una mala ley, basada exclusivamente en la propaganda y que ha intentado engañar a la población, vendiéndose como que era una reforma muy positiva centrándose en el elemento del consentimiento cuando el consentimiento es el elemento primario que existía en el Código Penal anterior".

De hecho, este intento de sacudirse la responsabilidad acusando a los jueces ha enfadado a las asociaciones de magistrados. Si ya este miércoles era el Consejo General del Poder Judicial expresaba "su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos", las asociaciones directamente han exigido la dimisión de la ministra.

El Foro Judicial Independiente (FJI) lo hacía argumentando que la reacción del Ministerio de Igualdad es "injusta y pueril" y consideran que desde ese departamento "debería asumirse la responsabilidad de quien, conociendo el riesgo que existía de que se produjeran rebajas de condena, no hizo el más mínimo esfuerzo por rectificar los posibles efectos no queridos de un proyecto legislativo elaborado de manera defectuosa".

Indican que en lugar de enmendar defectos lo que se ha hecho es cargar de forma "injusta y generalizada" contra los jueces que son quienes deben aplicar la ley elaborada. "Ha dicho que no cumplimos la Ley quienes, diariamente y, en muchas ocasiones sin los medios adecuados para ello, no hacemos otra cosa que trabajar para, precisamente, combatir la violencia machista", han explicado.

Foro Judicial Independiente pide la DIMISIÓN de la Ministra @IgualdadGob
La reacción de @IreneMontero a las revisiones de condenas por delitos sexuales es irresponsable y pueril, y la incapacita para seguir ejerciendo su cargo. Pongan ya fin a este lamentable espectáculo. pic.twitter.com/sxJPucqVvQ

— Foro Judicial Independiente (@FJuecesIndepend) November 17, 2022

Del mismo modo, la Asociación Profesional de la Magistratura también ha exigido la salida de la ministra del Consejo de Ministros tras las "descalificaciones" vertidas contra los jueces basadas en estereotipos "en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse" y considera que resulta una actuación "totalmente reprobable por falsa e injusta".

Una crítica que comparte la Asociación de Fiscales considera de "extrema gravedad" el ataque "injustificado" al Poder Judicial por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otros cargos del Gobierno con el "único fin de crear confusión en la ciudadanía" y ha pedido que reconozcan el "error legislativo" por responsabilidad política.

El Supremo creará jurisprudencia en unas semanas

Así, a la vista de la situación, la ministra tendrá que aferrarse a lo que diga el Tribunal Supremo. De hecho, el presidente del Gobierno, ya indicó que el Ejecutivo esperaría a la doctrina del alto tribunal para tomar decisiones acerca de las posibles modificaciones de la norma y eso se producirá en menos de un mes.

De hecho, tiene sobre la mesa varios recursos contra sentencias por delitos sexuales donde los condenados han solicitado que se tenga en cuenta el cambio propiciado por la ley, por lo que será la primera vez que el alto tribunal entre a estudiar una reforma penal que ha supuesto que el delito de abuso sexual prácticamente desaparezca para incluirse en el de agresión con una horquilla de penas donde la menor es más baja que la existente cuando había dos ilícitos diferenciados.

Así el Supremo tendrá que manifestarse en dos vertientes, por un lado, se pronunciará acerca de los recursos de casación contra sentencias dictadas por delitos sexuales y por otro lado, se espera que lleguen también recursos contra las revisiones de pena de las condenas ya firmes que hagan tribunales inferiores.

De esta manera, sus resoluciones terminarán por unificar el criterio interpretativo de la nueva norma, lo que podría bien salvar a Montero u obligar al Gobierno a modificar una ley que nació a trompicones por ser una 'chapuza' jurídica y que a la hora de su aplicación ha terminado por ser la vía de escape de violadores y agresores sexuales.