El escándalo de la financiación ilegal del PSPV salpica a la presidenta del PSOE

Cada nueva revelación sobre la presunta trama de financiación ilegal del PSOE valenciano durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente de Ferraz empeora la situación para la Ejecutiva que lidera Pedro Sánchez. Y es que algunas de estas nuevas informaciones afectan de lleno a la persona de mayor confianza del actual secretario general, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Tan es así que PP y Ciudadanos ya ha anunciado su intención de solicitar una comisión de investigación en las Cortes Valencianas en la que comparezcan Zapatero y la que fue su ministra de Medio Ambiente. En las últimas horas, también el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha exigido explicaciones sobre Narbona a la dirección socialista.

La financiación irregular del PSPV le complica todas las opciones de seguir en el Consell en 2019

Narbona fue desde su puesto en el Gobierno socialista la ideóloga de la derogación del trasvase del Ebro, puesto en marcha en la etapa de José María Aznar, y su sustitución por las polémicas plantas desaladoras. Pues bien, ahora se ha conocido que la campaña publicitaria sobre la desalinización, El mar, fuente inagotable de vida costó a las arcas públicas 7,5 millones de euros.

La agencia Bassat Ogilvy emitió facturas a las constructoras de las distintas plantas de desalación que abonaron la campaña "extracontractual" del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero justo antes de las elecciones generales de 2008. Hasta ahora la desaladora de Torrevieja es la única investigada por estas presuntas mordidas por la Audiencia Nacional.

Entre las empresas que sufragaron el programa se encuentra la desaladora de Águilas, en Murcia,  que pagó "a petición de Acuamed" un importe total de 1.293.400 euros, según los datos recogidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Cabe recordar que la investigación preliminar del juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta financiación irregular del PSPV y del Bloc, el socio mayoritario de la coalición Compromís, apunta ya de lleno al PSOE.

El Ministerio que entonces comandaba Cristina Narbona adjudicó contratos a un grupo que supuestamente habría recaudado dinero negro procedente de empresas, en su mayoría constructoras. En la causa se apunta a dos contratos publicitarios del Ministerio de Medio Ambiente adjudicados a través de Aguas del Júcar SA y de la citada Acuamed.

Estos dos contratos se adjudicaron entre 2005 y 2007. En concreto, el operador integral de infraestructuras hidráulicas del Ministerio contrató a la consultora Crespo Gomar y otra empresa de su órbita, Miracasa, los servicios de comunicación de las plantas desaladoras de Dénia y Torrevieja.

Los investigadores sospechan que el servicio se fraccionó con el claro objeto de vulnerar la ley de contratos del sector público y como contraprestación a la presunta red de falsificación de facturas para pagar actos electorales del PSPV.