| 30 de Mayo de 2024 Director Benjamín López

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José Manuel Maza, fallecido repentinamente en Buenos Aires.
José Manuel Maza, fallecido repentinamente en Buenos Aires.

Maza planeaba dar un gran golpe a los exconsellers encarcelados cuando murió

Su cuerpo regresa este martes a España entre las condolencias, algunas clamorosamente falsas, de quienes hasta no hace mucho tiempo propalaron contra él las peores acusaciones.

| Carlos Dávila España

El jueves, antes de volar a Buenos Aires, en clase turista por cierto, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tenía decidido oponerse a la intención del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, de acumular las causas de todos los sediciosos comprometidos con la independencia de Cataluña.

El gran argumento de Maza, apoyado en los informes de su inmediato colaborador, el fiscal Carlos Bautista, era, y puede seguir siendo según fuentes cercanas a la Fiscalía, que Puigdemont y sus corifeos fugados por una parte, y Junqueras y sus exconsejeros presos en Estremera y Alcalá por otra, ya no gozan del privilegio aforado porque han sido destituidos por el Gobierno de la Nación.

Maza y sus fiscales defendieron la jurisdicción de la magistrada Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, que insiste en continuar con la causa contra los encarcelados y cuya intención es que sigan en prisión. Maza había convocado una reunión a las diez de la mañana de este lunes en la que se disponía escuchar, cual era su costumbre inveterada, a los profesionales de su Fiscalía y también a los del Supremo entre los que se encontraba curiosamente su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal.

Maza, tenía decidido oponerse a la intención del juez del Supremo, Pablo Llanera, de acumular las causas de todos los sediciosos comprometidos con la independencia de Cataluña.

Pero Maza falleció el sábado en la capital argentina de una forma muy inesperada porque dos horas antes de su muerte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, había recibido la información de que su estado había mejorado notablemente y que no se preveía, ni muchos menos, el desenlace que luego su produjo. Una desgracia y una pena humana y profesional.

Porque Maza tenía una preocupación que proclamaba allí donde le cuadraba; a saber, que los carísimos abogados (cobran una auténtica fortuna que nadie ha explicado quien paga) de todos los sediciosos triunfaran en su intención declarada de “judicializar el conflicto” hasta el punto de que la rebelión llegara hasta el Tribunal de Estrasburgo, donde se estudiaría el vaporoso concepto del derecho de defensa.

A quien le quisiera escuchar Maza le decía: “Allí puede pasar de todo, incluso que los jueces de su padre y de su madre nos la líen con este tema”. Por eso Maza intentaba evitar que en España se produjera un conflicto de intereses o, mejor dicho, una disputa técnica entre el Supremo y la Audiencia Nacional o más concretamente entre Llanera y Lamela.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un acto junto al fiscal general del Estado, fallecido repentinamente a los 67 años.

 

Pensaba también Maza que si su propuesta de lograr que en adelante fueran los fiscales los que instruyeran las causas, un problema como éste resultaría impensable porque los fiscales, sometidos como están al principio de jerarquía, no chocarían en el caso. Maza contaba con que el Ministerio de Justicia dirigido por Rafael Catalá, apoyaría cuanto antes el cambio en el protagonismo de la instrucción.

Maza y Catalá, cada uno por su lado, han tenido que desmentir en el escaso año que el fiscal llevaba en el cargo, que una de las razones porque la que Maza fue promovido era la “estrecha amistad entre ambos”, una repetida afirmación que los dos han descalificado, hasta el punto de que en una ocasión reciente, el ministro, visiblemente molesto, tuviera que asegurar que “antes de ser nombrado yo no conocía para nada a José Manuel Maza”.

Además, Maza estaba conturbado ante el hecho probable de que al final el juez belga, flamenco por más señas y del que nadie parece tener noticias en España, únicamente admita la malversación para su extradición en España, plantee otro problema esta vez doble tanto con el Supremo español como con la Audiencia Nacional: la disparidad entre estos órganos que sí aprecian otros delitos como los más graves de rebelión y sedición y el propio juez belga.

Dicho de otra forma según consideraba Maza: ¿Cómo sería posible que los subordinados de Puigdemont, entre ellos Junqueras el exvicepresidente, pudieran ser juzgados por estos delitos, y su jefe solo por otro menor?

La Justicia solía repetir también Maza, no puede estar reñida siempre con el sentido común. Una virtud, que en opinión de sus más cercanos y de profesionales de la Justicia que en algún momento habían trabajado con él, transpiraba Maza por los cuatro costados. Pocos han hecho hincapié en sus tesis sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos que le valió recientemente el sobresaliente cum laude. La tesis de la tesis no era otra que ésta: la responsabilidad puede o debe existe, pero no con efectos retroactivos.

La conclusión tiene plena vigencia en estos días en que un magistrado confesamente afín a los prosoviéticos de Podemos, Juan José López Ortega, ha imputado a cuatro funcionarios del Partido Popular e incluso a la propia organización por la supuesta destrucción de los discos duros en los que, también supuestamente, se hallaba información sobre sobresueldos o pagos en B.

La inclusión de la responsabilidad penal de los partidos fue una iniciativa acuñada en 2012 por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que la propuso con éxito en el Gobierno y posteriormente en el Parlamento, en plena apoteosis de la transparencia administrativa para disimular las consecuencias de la terrible corrupción.

Es decir: que la responsabilidad que el susodicho magistrado imputa al PP es anterior a la promulgación legal del delito, una anomalía que todos los técnicos más independientes califican, cuando menos de una ”vergüenza jurídica sin precedentes”.

Maza deja una herencia copiosa y dos propuestas, la instrucción por los fiscales, y la lucha para acabar de una vez por todas con los macroprocesos que dilatan las decisiones judiciales

Y parece serlo aunque en este pecado Rajoy y su partido llevan la penitencia porque uno de los ministros de este Gobierno, Cristóbal Montoro, ha venido aplicado leyes fiscales sobrevenidas con efectos fiscales retroactivos, un disparate monumental que ha destrozado las haciendas de miles de españoles.

Maza deja una herencia copiosa y dos propuestas, la instrucción por los fiscales ya antedicha, y la lucha para acabar de una vez por todas con los macroprocesos que dilatan las decisiones judiciales y que convierten las sentencias en dudosamente justas. Estas dos iniciativas estaban en la agenda más perentoria del fiscal muerto en Buenos Aires y deberían permanecer en la de su sucesor porque cuentan con una gran avenencia en las diferentes profesionales judiciales, incluso, contra lo que pudiera parecer, muchos jueces de todas las instancias.

El cuerpo de Maza regresa este martes a España entre las condolencias, algunas clamorosamente falsas, de los que incluso no hace mucho tiempo, propalaron contra él las peores acusaciones en su reprobación incoada por el PSOE en el Parlamento, en una sesión en al que se llevó la palma de la animosidad su colega del Supremo, Margarita Robles.

Es lo que se lleva en un país como España en que sólo los toreros y los muertos salen a hombros como escribía Jardiel Poncela.