| 25 de Octubre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Irene Montero en un acto.
Irene Montero en un acto.

Calvo frena la Ley de Libertad Sexual de Montero para ahorrarse otro bochorno

Se suponía que iba a ser la primera gran conquista del Ministerio de Igualdad, pero ya ni en este curso se la espera. Ha quedado otra vez atascada a las puertas del Consejo de Estado.

| Ana Martín España

 

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la gran apuesta de Irene Montero para convertir en ley el famoso "hermana yo sí te creo" que antes entonaba tras una pancarta, va camino de convertirse en la historia interminable. Si no lo es ya. De hecho, tras el enésimo retraso es casi imposible que la también llamada ley del solo sí es sí sea aprobada por las Cortes en este periodo de sesiones.

Después del informe demoledor que el pasado 25 de febrero aprobó por unanimidad el Consejo General del Poder Judicial se suponía que el anteproyecto de la también llamada ley del solo sí es sí debía ser enviado al Consejo de Estado. Última estación antes de volver a La Moncloa.

Sin embargo, ni la vicepresidenta Carmen Calvo ni el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han querido arriesgarse a que el texto reciba una nueva y definitiva coz por parte del máximo órgano consultivo del Estado y han obligado a la ministra de Igualdad a aceptar nuevos cambios.

La ley del solo sí es sí no ha sido enviada aún al Consejo de Estado para el último dictamen

Un giro significativo que da idea de la magnitud del tira y afloja interno, puesto que la intención inicial del Ejecutivo era escuchar al Consejo de Estado y luego, con éste y el resto de los informes preceptivos aunque no vinculantes (también los del Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social y el CGPJ) revisarlo antes de enviarlo nuevamente a la mesa del Consejo de Ministros. Y, de ahí, al Congreso para su tramitación parlamentaria. 

Fuentes del Consejo de Estado consultadas por ESdiario confirman que el Gobierno aún no ha enviado el anteproyecto para que el órgano, presidido por la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, emita un dictamen al respecto. Ni previsión. Y ello alarga mucho los plazos, puesto que una vez entre el registro los consejeros tienen un plazo de dos meses para emitir su dictamen. Salvo que el Ejecutivo solicite que lo hagan por el procedimiento de urgencia, en cuyo caso serían de 10 a 15 días.

Varias mujeres vuelven a pintar un mural feminista vandalizado.

 

Aunque la ministra de Igualdad y su equipo han convertido el "será ley" (emulando al de las feministas argentinas con la reciente legalización del aborto) en un eslogan machacón, la realidad es que cada vez es más complicado que las Cortes aprueben la primera ley de Montero en este periodo de sesiones. Muy complicado. 

Cabe recordar que fue allá por febrero de 2020 cuando el Gobierno aprobó la tramitación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que derivó en una enorme controversia entre socialistas y morados por su cuestionable -a decir del PSOE- calidad jurídica. 

De hecho, cuando el Ejecutivo ya la tenía enviada a los órganos consultivos, en pleno verano dio marcha atrás para reelaborar el anteproyecto con la tutela del ministro Campo y de la vicepresidenta Calvo.  

En diciembre recibió el informe del Consejo Fiscal, con Dolores Delgado a la cabeza. Éste avalaba por unanimidad la consideración de todo abuso como agresión y proponía, eso sí, que lo del consentimiento expreso fuera redactado mejor. También el Consejo Económico y Social fue benevolente en el suyo.

El Consejo Fiscal fue mucho más benevolente que el CGPJ

Pero el 25 de febrero todo cambió con el CGPJ. El pleno aprobó por unanimidad -detalle importantísimo- un informe que cuestionaba los dos pilares de la ley orgánica: el consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación/agresión.

La ministra de Igualdad se apresuró a tocar a rebato y llamar a la insumisión contra la justicia patriarcal. Un concepto que este mismo miércoles la magistrada de Familia Natalia Velilla calificó de "injustísimo" en una entrevista en ESdiario. "La Justicia cree a las víctimas de delitos contra la libertad sexual y castiga a sus autores con uno de los códigos penales más duros de Europa en la materia y reconoce, a diario, los derechos de las mujeres ante los abusos quienes las discriminan por razón de su maternidad o lactancia", sostuvo.

 

Se suponía que tras el CGPJ la pelota iba directa al tejado del Consejo de Estado. Pero el Gobierno sigue votándola. Mareándola y mareándose con un proyecto de ley que parece gafado.