Viajes, enchufes, contratos a dedo: lo que la Abogacía del Estado ahora no ve

El Tribunal de Cuentas emitió este jueves un comunicado para recordar que es un órgano constitucional "que goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido tan solo al ordenamiento jurídico". 

Ello después de que la Abogacía del Estado se apartara de la causa contra 34 exaltos de la Generalitat, a los que exige el pago de 5,4 millones de euros presuntamente malversados en el marco de la acción exterior del Govern entre los años 2011 y  2017. Una retirada que la oposición considera una cesión más al independentismo y que amenaza con dar al traste con la causa. 

Porque, aunque de momento quedan personados en ella la Fiscalía, Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, los letrados de los acusados tienen medio trabajo hecho: pueden argumentar que la renuncia de la Abogacía demuestra que solo la Generalitat podría considerarse perjudicada (y no lo ha hecho), puesto que los fondos salían de las arcas catalanas. 

Una tesis que, no en vano, ya blandió este jueves Carmen Calvo al recordar que la Abogacía se retiró de la causa contra Artur Mas por la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 porque el Estado no estaba "legitimado" al tratarse de fondos de la Generalitat y no del Estado.

No obstante este jueves el portavoz de Cs, Edmundo Bal, señaló que eso es una excusa porque cuando él era aún jefe de la Sección de lo Penal de la Abogacía del Estado (antes de ser purgado) sorteó ese bache presentando un certificado del secretario de Estado de Hacienda según el cual más de las tres cuartas partes de los Presupuestos de la Generalitat proceden, a su vez, de los del Estado. 

¿Qué dice el famoso informe?

La tabula rasa que pretende hacer el Gobierno también en el Tribunal de Cuentas es más sangrante a la luz del informe de fiscalización que el pleno del órgano aprobó en marzo de 2019 y que dio lugar a la causa actual. 

En él, a lo largo de 722 páginas (incluidas alegaciones de la Generalitat), los consejeros detallan cómo entre los años 2011 y 2017 los responsables del Govern dilapidaron el dinero de los contribuyentes -416 millones de euros- en una "acción exterior" que claramente excedía las competencias de un gobierno autonómico. 

Entre esas acciones figuran 45 viajes internacionales del president y sus consejeros por valor de 479.633,38 euros "cuya finalidad principal no se relaciona con la 'proyección en el exterior de Cataluña' y la 'promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña', sino que están vinculados a la promoción del llamado proceso soberanista en el ámbito internacional, lo que queda fuera de las finalidades marcadas por la norma, no resultando por ello justificado el uso de fondos públicos para dichas finalidades", según el informe. 

Diplocat, la red de embajadas, fue el gran pozo sin fondo. Carecía "de un protocolo de contratación de personal, así como de instrucciones que marquen las pautas a seguir para dar debido cumplimiento a los principios básicos de publicidad igualdad, mérito, capacidad, transparencia y concurrencia en el procedimiento de valoración y selección de candidatos para la contratación del personal". 

El pozo de las "embajadas"

El Tribunal de Cuentas aporta una tabla clarificadora. Entre los años 2012 y 2017 (el del referéndum ilegal) la Generalitat multiplicó por diez sus gastos solo en personal. En estas embajadas trabajaban personas contratadas a dedo como la hermana de Pep Guardiola, Francesca, que fue embajadora de Cataluña en Copenhague hasta que el Gobierno suspendió la autonomía de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Una de las tablas del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Por no hablar de que la Generalitat trató de entorpecer el trabajo de los consejeros del Tribunal de Cuentas. Según denuncian estos en el informe, el Govern remitió 2.795 documentos, cuando "en un recuento de mínimos" debía de haber más de 10.000, calcula el órgano. 

Información "desordenada e incompleta", "tickets pegados en hojas" "facturas con anotaciones a mano con mínimas referencias explicativas" y títulos incomprensibles, "fraccionamiento de contratos" para eludir los concursos públicos...

De todo ello y mucho más habla el informe que ha derivado en esta causa que ahora se ha convertido en una "piedra" -según el ministro Ábalos- en el camino del "reencuentro".