La Justicia da otro varapalo al Gobierno y suspende el rescate de Plus Ultra

El rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada al chavismo, por parte del Gobierno ha sido suspendido por la Justicia de forma cautelar, a la espera de que justifique que realmente necesita este préstamo para pagar a proveedores, lo que supone un nuevo varapalo al Ejecutivo que siempre ha defendido la necesidad de salvar a una empresa que considera "estratégica" pero que apenas tenía actividad.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender la entrega de 34 millones de euros que forman parte del dinero concedido por la SEPI y que se debían desembolsar el 28 de julio, después de un recurso interpuesto por el PP, al que también se sumaron Vox y Manos Limpias.

El escándalo de Plus Ultra se dispara y ya apunta a un fraude a gran escala

 La jueza señala que "el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento" judicial.

La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a "una entrega no justificada" supondría "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior".

"La teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el 'fumus bonis iuris' son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional", ha dicho.

Paralización del rescate

Esta medida llega después de que la SEPI y el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas solicitase autorización para proceder al desembolso de los 34 millones de euros del préstamo participativo a siete años que tenía que pagarse el 28 de julio.

La jueza solicitó a las partes que se pronunciaran al respecto y el PP, que se personó como acusación popular, y Vox, se negaron al desembolso, algo en lo que ha coincidido la jueza que ahora, de forma cautelar ha pedido a las partes "que se abstengan de realizar cualquier acto que suponga infracción de la prohibición impuesta".

El rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra y sus lazos con el régimen venezolano es un auténtico calvario para el Gobierno, no solo a nivel político sino también ahora a nivel judicial ya que se investiga la posibilidad de que se haya cometido un delito de prevaricación y malversación en su concesión.

La jueza ya socilitó a la SEPI toda la documentación disponible y los miembros del Consejo de la SEPI que pueden verse imputados son 15 altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellos las secretarias de Estado de Hacienda, Economía, Industria y Defensa. Además, hay que recordar que este rescate fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, lo que puede elevar las responsabilidades todavía más arriba.

La "punta del iceberg"

Junto a ello, también el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias solicitó un informe fiscalizador al Tribunal de Cuentas para conocer si las ayudas a Plus Ultra son solo "la punta del iceberg". 

Manos Limpias reclamó al Tribunal de Cuentas que elaborase un informe contable de las ayudas públicas otorgadas por la SEPI en esos tres años, con el fin de determinar qué uso ha hecho de los 10.000 millones de euros de los que dispone para apoyar a empresas españolas consideradas estratégicas, según rezaba la denuncia.

"Es de significar que esa ayuda -en referencia a la recibida por Plus Ultra- con fondos públicos puede ser la punta del iceberg del resto de ayudas públicas concedidas presuntamente con fraude", señaló Manos Limpias en el escrito remitido al tribunal.