Bruselas abronca a Sánchez por colocar a Delgado y querer controlar la Justicia

Aquella frase de Sánchez preguntando a un periodista de quién depende la Fiscalía le perseguirá para siempre. La falta de independencia del Ministerio Fiscal, donde acomodó a su exministra de Justicia, Dolores Delgado, es una de las muchas injerencias de un Gobierno que quiere controlarlo todo. De hecho, Bruselas ya vigila de cerca esta cuestión y así lo ha hecho saber a través de un informe demoledor, en el que además vuelve a exigir una mayor autonomía del Poder Judicial para elegir a los vocales del CGPJ.

En la recomendación novena del segundo informe de cumplimiento de España relativo a la prevención de la corrupción con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales, elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa,  cuestiona que no se haya producido ningún cambio ni en el método de selección ni en la duración del mandato del Fiscal General del Estado en España, "una preocupación antigua que empaña la percepción de la autonomía del Ministerio Fiscal".

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 En ese documento indica que previamente ya se recomendó a España reconsiderar ese método de elección, establecer requisitos y procedimientos jurídicos claros para aumentar la transparencia de la comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno, y estudiar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal.

Desde el GRECO indican que el Gobierno asegura que el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal, -que se encuentra en una fase avanzada y que actualmente está a la espera de algunos informes consultivos antes de ser enviado al Consejo de Estado y luego al Consejo de Ministros para su aprobación-, articula las normas sobre autonomía interna.

Un proyecto insuficiente

Sin embargo, señala que no es suficiente, puesto que el proyecto debe "articular otras cuestiones como la autonomía interna y la comunicación dentro del servicio" y añade que si bien es un avance "todavía no ha sido aprobado" y "no se ha informado de novedades en relación con los aspectos específicos de la autonomía externa (...) cuya implementación sigue pendiente".

En este sentido, pone el foco en que la ley actual prevé la posibilidad de que el Gobierno sea informado sobre casos concretos que se están llevando a cabo en la FGE y que no exige que esa comunicación se haga pública ni que se registre por escrito. "Dado que la relación entre la FGE y el Ejecutivo es una cuestión que sigue siendo objeto de críticas públicas en España, en cuanto a la percepción de su independencia, la transparencia de la comunicación entre la Fiscal General y el Gobierno resulta clave", añade.

Critica que "el Ministerio de Justicia decida sobre la asignación de personal en las diferentes fiscalías, entre ellas la especializada en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada"

El GRECO, además, critica el hecho de que "el Ministerio de Justicia decida sobre la asignación de personal en las diferentes fiscalías, entre ellas la especializada en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, ya que la autonomía de gestión es una garantía importante de la independencia y eficiencia del Ministerio Fiscal".

Y apunta que dado que en la reforma prevista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se da el liderazgo al fiscal en la instrucción, "la necesidad de garantizar la no injerencia de las presiones externas adquiere aún más importancia primordial".

"Es crucial para la confianza del público, y también para la confianza de los pares, que la instrucción sea, y parezca, imparcial, objetiva y libre de toda influencia indebida"

"Independientemente del modelo, es crucial para la confianza del público, y también para la confianza de los pares, que la instrucción sea, y parezca, imparcial, objetiva y libre de toda influencia indebida, especialmente de carácter político, en el desempeño de sus funciones", añade.

Por todo ello, incide en que es necesaria una reflexión por parte de las autoridades españolas sobre las garantías adicionales que pueden introducirse en el Ministerio Fiscal español para protegerlo de interferencias indebidas, y pide que se tenga en cuenta las recomendaciones realizadas "en relación con la cuestión de las puertas giratorias, en particular, en lo que respecta a la actividad política".

Tras esto, apunta que si bien la FGE, Dolores Delgado, "tiene la intención de seguir avanzando en las tres esferas abarcadas por esta recomendación novena mediante enmiendas al Estatuto del Ministerio Fiscal, ese proyecto "debe materializarse de manera eficaz". Y apunta que esta recomendación del GRECO continúa "parcialmente cumplida".

Bruselas urge a cambiar el sistema de elección del CGPJ

Por otra parte, el GRECo también ha lamentado la "falta de un avance positivo" y "tangible" respecto al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al tiempo que ha instado a España a que acometa una reforma en la que se de "voz" y se "consulte" a sus integrantes.

 Pero, además, aseguran que "los debates necesarios a este respecto con otros poderes del Estado deben celebrarse en un clima de respeto mutuo y tener especialmente en cuenta la preservación de la independencia y la imparcialidad del poder judicial".

Las conclusiones del informe ponen el acento en lo que consideran "una cuestión crítica: el sistema de selección del CGPJ y su percepción de politización". "Esto es motivo de preocupación, ya que el CGPJ es responsable de algunas decisiones cruciales en el poder judicial, incluida la designación de jueces en puestos superiores y las cuestiones disciplinarias", recuerdan.

Así las cosas, el grupo insiste en que ya señaló las "normas aplicables del Consejo de Europa relativas a la elección a los miembros judiciales de los consejos judiciales". Estas recogen que "cuando existe una composición mixta de los consejos judiciales, para la selección de los miembros judiciales, se aconseja que estos sean elegidos por sus pares, siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del poder judicial en todos los niveles".

El GRECO está "preocupado" por la propuesta de PSOE y Podemos de reducir las mayorías para la elección de los miembros del CGPJ

El informe también incide en que "cada vez que se ha llevado a cabo una renovación del CGPJ, se han expresado recelos sobre la negociación política y para el nombramiento de puestos judiciales clave". "Más recientemente, un bloqueo (más de dos años) en la designación del CGPJ, llevó a una serie de grupos parlamentarios a presentar una proposición de ley para desbloquear el sistema", explican.

Desde el GRECO se han referido a la proposición planteada por PSOE y Podemos para reducir las mayorías necesarias para la elección de los vocales del CGPJ. "GRECO (junto con otros actores internacionales clave en este ámbito, entre ellos la Comisión Europea y la Asociación Europea de Jueces) expresó su preocupación por la propuesta antes mencionada", recuerdan.

Unos meses más tardes, continúan, se presentó una nueva propuesta para "impedir que el CGPJ hiciera nombramientos discrecionales cuando se encontrara en funciones", lo que también ha "sido objeto de críticas por los jueces y por el propio" órgano de gobierno de los jueces.