Vox planta cara al PNV y lleva al TC el boicot "fascista" en el Parlamento Vasco

Vox no se amilana y planta cara al boicot institucional impulsado por el PNV y Bildu, con la complicidad expresa de PSOE y Podemos, en el Parlamento Vasco. Y el partido de Santiago Abascal ha decidido llevar al Tribunal Constitucional el llamado cordón sanitario contra la única parlamentaria del partido verde en la Cámara de Vitoria, Amaya Martínez.

Como ha venido informando ESdiario, desde la misma constitución del nuevo Parlamento Vasco, todos los partidos salvo la coalición PP-Cs, han decidido vetar la labor política de Martínez, electa de Vox por Álava.

Rumbo a #Vitoria @PVasco_EuskoL. Pretenden silenciar a @AmaiaMartinez17. Hoy será un privilegio plantar cara al totalitarismo a su lado. Fuerza y honor. pic.twitter.com/T9pdoqDJvg

— Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 19, 2020

Primero fue el boicot material, negando a la diputada medios materiales como asesores y partidas presupuestarias. Segundo, recortando a la mínima expresión sus cupos para realizar preguntas al Gobierno Vasco.

Después, negándose a debatir las iniciativas que Vox lleve al legislativo vasco como ya se puso de manifiesto en el pleno de la pasada semana. E, incluso, planeando una reforma de la Ley Electoral para elevar del 3 al 5% la barrera para acceder a la Cámara. Una reforma ad hoc para sabotear la presencia de partido de Abascal en la política vasca.

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Sin embargo, Vox ha decidido reaccionar ante ese cordón sanitario que califica de "fascista y totalitario". Y ha detallado este lunes su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, y la propia Amaya Martínez han presentado en Vitoria este recurso contra al "indigno" acuerdo alcanzado por la los grupos de la Cámara vasca, dirigido a "sesgar y silenciar la voz de los 18.000 vascos que dieron su confianza a Vox" en las pasadas elecciones autonómicas.

En concreto, impugnan los acuerdos adoptados por la Mesa del Parlamento el pasado 13 de agosto y confirmados el pasado 8 de septiembre por los que se establece que el tiempo de intervención de la única parlamentaria de Vox "será de un tercio del previsto para el resto de los grupos" en todos los debates plenarios y solamente podrá registrar "una propuesta cada tres plenos ordinarios". También se limita a uno el número de asistentes y que el grupo mixto no incluya sus siglas.

La parlamentaria de Vox en la Cámara de Vitoria, Amaya Martínez, con su primera iniciativa en el registro.

"Hoy no defendemos la presencia de Amaya en este Parlamento Vasco, hoy defendemos la democracia y la libertad. El totalitarismo no entiende de colores porque hoy es a Vox a quien denominan fascistas, pero saben bien que en este tierra se ha calificado igualmente al PP, al propio PSE, a UPyD y posteriormente a Ciudadanos", ha afirmado Olona. "Sin tregua, cañón judicial metido", ha escrito gráficamente en sus redes sociales.

La diputada y abogada del Estado ha explicado que recurren el acuerdo que "prohíbe" a Vox utilizar su nombre en la denominación del grupo mixto, algo que, para la diputada, "infringe claramente el reglamento de la Cámara y los precendentes parlamentarios" y ha puesto como ejemplo los casos de Aralar y UPyD. "Se nos quiere eliminar del arco parlamentario, del mapa político".

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También ha subrayado que los límites de tiempo a su parlamentaria y del número de asesores "restringen ilegalmente" la actividad de Vox. Para Olona, esta limitación "infringe" el artículo 25.1 del reglamento de la Cámara que indica que la participación del Grupo Mixto será "idéntica" a las del resto de grupos.

Según ha explicado, han solicitado a los letrados del Parlamento Vasco un informe sobre acuerdos similares adoptados por la Cámara y ha señalado que su respuesta ha sido que "no consta, en los últimos 15 años, acuerdo similar al ahora adoptado para imponer un fascista y antidemocrático cordón sanitario" a la formación.

Asimismo, ha explicado que el fundamento constitucional del recurso de amparo interpuesto es la "flagrante vulneración" del artículo 23 de la Constitución que reconoce el derecho de los ciudadanos a la participación política y al acceso a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad. "Este ataque antidemocrático no es contra Vox sino contra toda nuestra democracia", ha insistido.

Vox ha solicitado además como medida cautelar que se adopte la inmediata suspensión del acuerdo de la Cámara porque cree que la "cercenación del artículo 23 de la Constitución se produce cada día que este totalitario acuerdo permanece en vigor".

Ya advirtió Santiago Abascal que llegaban a la política vasca para plantar cara al nacionalismo. Y no parece que esté dispuesto a rendirse al primer obstáculo.