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El "escándalo Koldo" salpica a Armengol, Torres, Marlaska y a Óscar Puente
Los investigadores reclaman numerosa documentación al departamento de Transportes en busca de pruebas de las mordidas de Koldo Izaguirre, que ya denunció el PP.
El escándalo Koldo crece como una bola que rueda y pone en aprietos al Gobierno. La Guardia Civil ha reclamado al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas que han llevado a la detención de Koldo García Izaguirre, el que fuera asesor del titular de esta cartera y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, según han informado fuentes de la investigación.
La investigación de la Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado desde ayer a la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas.
Entre los detenidos consta el propio Koldo García y también su mujer y un hermano. Se han practicado 26 registros y requerimientos, entre ellos uno en el Ministerio de Transportes en Madrid para recabar información. Las otras provincias afectadas por estas diligencias son Alicante, Murcia y Álava.
Incremento patrimonial
Fuentes de la investigación sitúan a Koldo García y otro de los detenidos, Víctor de Aldama, como los cabecillas de la trama de presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos valorados en 53 millones de euros, suscritos por administraciones públicas para adquirir material sanitario durante la pandemia de Covid-19.
Víctor de Aldama -con una vieja amistad con Koldo García- es presidente del Zamora Club de Fútbol y está relacionado con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, con sede en Zaragoza y también relacionada con este presunto caso de corrupción.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tiene previsto tomar declaración a entre seis y siete detenidos, entre los que figuran tanto Koldo García como Víctor de Aldama. La investigación indaga sobre el alto nivel de vida de los dos detenidos y su incremento patrimonial, investigándose si esto guarda relación con las mordidas.
En la operación también ha sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) otro empresario vinculado a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, José Ángel E., aunque fue puesto en libertad, al igual que ocurrió con la mujer de Koldo García, que también quedó en libertad tras su arresto.
Armengol y Victor Torres
Las citadas fuentes han apuntado que la presunta trama se centraba en intermediar en contratos durante la pandemia de Covid-19 de material que fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias, presididas entonces por Francina Armengol y el hoy ministro Ángel Víctor Torres.
Se trata de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que dirige el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional. Según ha informado la Fiscalía en una nota de prensa, las diligencias practicadas -declaradas secretas- guardan relación con presuntos hechos delictivos asociados a delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, relativos a la adjudicación de diferentes contratos de varias administraciones.
Fuentes de la investigación han asegurado que entre los detenidos no figura ningún cargo público, ya que las diligencias se centran sobre el papel como intermediarios de Koldo García y su socio.
El PP de Madrid ha recordado este miércoles la denuncia que interpuso en marzo de 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción sobre las sospechas que tenía en relación con la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, al pasar de una cifra de negocios de cero euros en 2019 a los 53,13 millones que obtuvo en 2020, lo que relacionó con tres contratos tramitados por el procedimiento de urgencia para material contra el Covid.
El PP citó contratos con Puertos del Estado y también con el Ministerio del Interior para el suministro de mascarillas y otro material sanitario.
Interrogatorio en Interior
Además, agentes de la Guardia Civil han tomado declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y número dos de Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con esta investigación, según ha informado eldiario.es.
La toma de declaración también ha afectado a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.
Fuentes del Ministerio del Interior han reaccionado a la información señalando que "no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto".
