Una exconsejera revela dónde acababan los informes avisando del robo de los EREs

El juicio por la llamada pieza política de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía se adentra en su fase más decisiva, con la declaración de los principales responsable del Gobierno socialista encargados por velar por el control del dinero público, buena parte procedente de las subvenciones  de la Unión Europea. Y el nerviosismo parece haberse instalado entre los exconsejeros de Manuel Chaves y José Antonio Griñán que se sientan en el banquillo.

Este lunes ha sido el turno de la exviceconsejera de Hacienda -luego ascendió hasta lo más alto de la Consejería- Carmen Martínez Aguayo, que ha puesto de manifiesto ante el tribunal el caos absoluto que reinaba en la Junta de Andalucía a la hora de controlar las subvenciones que salían de las arcas de la institución que ahora preside Susana Díaz.

Aguayo, que abandonó el Gobierno andaluz en 2013 coincidiendo con la llegada de Díaz a la Presidencia de la Junta, ha comparecido en la sesión de este lunes con un tono tan arrogante y chulesco que el presidente del tribunal se ha visto obligado a llamarla al orden.

"Está usted contestando en un tono arrogante que no es el adecuado, completamente diferente al de las preguntas que se le están planteando", le ha replicado durante su declaración el magistrado Juan Antonio Peña Calle, visiblemente molesto.

El magistrado Juan Antonio Peña Calle, que preside el tribunal que juzga la pieza política de los ERE fraudulentos.

Del contenido de la declaración de Martínez Aguayo, segunda consejera del PSOE en declarar, tras Magdalena Alvárez, se extrae una insólita conclusión: que nunca leía los informes que le pasaban o que, directamente, no llegaban a sus manos.

La extitular de Hacienda, para quien la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, ha asegurado que los informes del Control Financiero Permanente (CFP) alertando del uso "inadecuado" del procedimiento usado para la concesión y pago de las ayudas, de los que era "receptora" la Viceconsejería, "no pasaban por su mesa", sino que eran leídos por su equipo técnico, que, junto a la Intervención, no le advirtió de ilegalidades en el mismo.

"No eran objeto de mi trabajo, sino de mi gabinete técnico, que me pasaba resúmenes de los mismos, aunque no me comentaron nada" relevante, ha insistido Aguayo.

Martínez Aguayo ha explicado que la Intervención General solicita que se actúe cuando detecta menoscabo de fondos públicos o cuando no se siguen sus recomendaciones, algo que, a su juicio, no se dio. La exalto cargo de la Junta ha insistido en que "nunca se le requirió una actuación para elevarla al consejero" del ramo, entonces el propio José Antonio Griñán.

La declaración de la exviceconsejera ha comenzado ratificando su declaración ante el Tribunal de Justicia de Andalucía en abril de 2015, en la que aseguró que no se leyó los informes de la Intervención General que alertaban de las irregularidades porque recibía más de 100 informes al año y que nunca entendieron que hubiera que hacer nada ante estos informes.