Ayuso quiere expulsar a Mónica García de su chalé por "okuparlo" ilegalmente

La Comunidad de Madrid tramita un proceso para desokupar el chalé de 203 m2 construido sobre una finca de 2.018 m2, más una parcela adicional de 1.200 m2, en el paraje ecológico de Camorritos (Cercedilla, Madrid) que presuntamente disfrutan ilegalmente la líder de Más Madrid, Mónica García y sus hermanos.

El permiso municipal de uso concedido por 99 años caducó en 2019. Desde entonces, Cercedilla pleitea para expulsar a los 90 okupas de alto standing de un monte que le pertenece y cuyo uso cedió en 1920 para fomentar el turismo. 

El debate sobre su imperio inmobiliario (su chalé y fincas de Cercedilla más un piso de 180 m2 en Retiro, una de las zonas más caras de Madrid), suele zanjarlo Mónica García con una ardorosa defensa de la libertad de mercado. Alega que su posición política no le impide vivir donde quiera.

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Cierto. Pero la ley sí. Y es lo que invocan el Ayuntamiento de Cercedilla y la Comunidad de Madrid: desde 2019 deberían haber abandonado su chalé y sus más de 3.000 metros de terrenos no edificados en un paraje ecológico. 

De hecho, la información que brinda en su registro de intereses la líder de Más Madrid es incorrecta. Detalla “la nuda propiedad de bienes inmuebles rústicos” cuando ni ella ni su familia han sido nunca propietarios, sino sólo usuarios de las fincas de Cercedilla. No sólo lo dice el Ayuntamiento. Lo recoge el registro inmobiliario sobre su chalé y sus fincas rústicas.

Por tanto, Mónica García y hermanos fueron ocupantes legales antes de 2019 y, según la administración, okupas desde esa fecha. El registro también deja claro otro punto: todas las fincas de Mónica García están “sujetas a las condiciones impuestas a la sociedad Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama en la concesión efectuada a la misma por real orden de 16 de abril de 1920”.

Dicha compañía recibió permiso no sólo para tender la vía del tren de montaña, sino para edificar viviendas en las mismas condiciones de mera concesión, no venta, con el fin de fomentar el turismo y sufragar gastos del ferrocarril. Pero tenía un plazo de caducidad. 

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Lo explica el Ayuntamiento de Cercedlila: “Se otorgó en 1920 una concesión de derechos temporales de ocupación a fin de que se pudiesen construir en ellas edificaciones para atraer a gente de la capital y fomentar así la economía del pueblo. Una vez transcurridos 99 años, esta concesión caducó el pasado 16 de abril de 2019, pasando las construcciones existentes sobre dichos terrenos a ser propiedad de los Ayuntamientos propietarios de los mismos, con lo que se abre un nuevo período para la historia del pueblo de Cercedilla y del de Navacerrada, que con la caducidad de dicha concesión recuperarán para sí un patrimonio de gran valor medioambiental y socio-económico, lo que debe contribuir sin lugar a dudas a un mejor futuro para sus vecinos”.

"Okupas" Cinco estrellas

No parece que a Mónica García le haya conmovido tal apelación al bienestar vecinal. Cercedilla denuncia que no es una desokupación de un barrio obrero: “En el marco de la mencionada concesión existen a día de hoy cerca de 90 grandes chalets unifamiliares en la zona de Camorritos, construidos sobre parcelas de considerables dimensiones (...) El valor actual de todos estos inmuebles municipales es muy considerable y su posible explotación a través de nuevas concesiones podría reportar a los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada ingresos importantes que podrán ser destinados a la mejora de sus infraestructuras, servicios sociales, etc. en beneficio de todos sus vecinos”. 

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Y deja claro que no es impropio hablar de okupación en el caso de Mónica García. “¿Tienen los actuales ocupantes algún derecho a seguir ocupando los inmuebles de Camorritos y el Puerto de Navacerrada una vez extinguida la concesión? No. Una vez extinguida la concesión, los actuales ocupantes de los inmuebles de Camorritos y el Puerto de Navacerrada no tienen ningún derecho a seguir ocupando tales inmuebles, ni en el caso de viviendas, ni en el caso de residencias turísticas, ni en ningún otro caso. La ocupación de los terrenos, una vez extinguido el derecho de ocupación, pasaría a ser una ocupación ilegal, con origen en un derecho de ocupación extinguido, lo que da derecho al Ayuntamiento a reclamar una indemnización de daños y perjuicios por todo el tiempo que dure tal ocupación ilegal”. 

La Comunidad de Madrid que Mónica García aspira a presidir le ha quitado también la razón. “En consecuencia, la Consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid ha iniciado ya el procedimiento administrativo para declarar caducada la concesión del derecho de ocupación sobre los terrenos de Camorritos y el Puerto de Navacerrada, de acuerdo con el Informe de la Letrada-Jefe de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid de fecha 17 de octubre de 2018, en el que se concluía que el plazo de duración de dicha concesión era de 99 años y que, por tanto, concluiría el 16 de abril de 2019. La Consejería de Medioambiente ha comunicado ya a los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada el inicio de dicho procedimiento y hará lo mismo con todos los actuales ocupantes de esos terrenos.” 

Plazo vencido

El Ayuntamiento de Cercedilla, “en un esfuerzo por garantizar el derecho de los actuales ocupantes a ser oídos en dicho procedimiento, les ha notificado el inicio de tal procedimiento y les ha informado de su derecho a personarse en el mismo y realizar las alegaciones que consideren oportunas”. “La resolución que ponga fin a este procedimiento deberá declarar la caducidad de la concesión con efectos desde el 16 de abril de 2019 y dará como máximo un plazo de 8 días a los ocupantes que aún estén en posesión de los inmuebles, para que los entreguen al Ayuntamiento”. 

El plazo ha vencido y no ha habido tal devolución. Entre la clase obrera que ha habitado esta colonia elitista figuran, según webs locales, César Manrique, Emilio Botín o las hermanas Koplowitz. Los okupas cinco estrellas alegan que la Comunidad no ha decretado el fin de la concesión, pero el Gobierno regional ya lo confirmó años atrás, en 2018. 

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El registro inmobiliario es tozudo: todas las fincas de Mónica García proceden de la finca número 8. “La colonia de Camorritos está situada dentro del monte nº 32 del Catálogo de Montes de utilidad pública de Madrid, dentro del término municipal de Cercedilla. El monte nº 32 está inscrito en el Registro de la Propiedad como finca de Cercedilla nº 8. Todos los terrenos incluidos en ese monte son propiedad del Ayuntamiento de Cercedilla, según consta en el Registro de la Propiedad de San Lorenzo del Escorial nº 2, desde el 19 de septiembre de 1867”. 

García se beneficia de un hecho que chirría con su mercado electoral: es mas difícil desokupar chalés de personajes ilustres con reputados abogados que una vivienda de parados o mileuristas en Lavapiés. Pero en esta lujosa colonia le costaría movilizar una manifestación antidesahucios.