El juez Alfonso Guevara, que arropó a Garzón, urge la entrega del Pollo Carvajal

Alfonso Guevara, presidente de la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, arropó en 2011 en un acto de despedida anticipada al entonces juez Baltasar Garzón, imputado en tres procesos judiciales, uno de los cuales le costó en 2012 una condena y el apartamiento de la carrera.

Hoy esta sala que, anteriormente vio infundadas las acusaciones de EEUU contra Hugo Carvajal, urge la entrega del jefe del espionaje venezolano sin esperar a que el juez Manuel García Castellón recabe más pruebas o precisiones sobre el material aportado, incluida una orden de la petrolera venezolana para la contratación por casi nueve millones del bufete de Garzón, Ilocad, dada su supuesta capacidad para “coordinar a fiscales y jueces” en España.

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“Si juez estrella es que hoy estéis aquí todos conmigo, apoyándome y arropándome, es porque yo quería, y es verdad y tengo que reconocerlo, que mi contacto y que incluso mi despedida para aquellos que no veo más, no fuera en una sala de justicia sino en una sala de columnas", dijo Garzón al público, entre el que se encontraban compañeros de la Audiencia Nacional como Santiago Pedraz, Ángela Murillo, Teresa Palacios y Alfonso Guevara, el ex dirigente comunista Santiago Carrillo y el diputado de IU Gaspar Llamazares.

El magistrado que pilota la extradición del jefe de la Inteligencia venezolana mete prisa para que este salga de España. Justo cuando el general chavista acusa a Garzón de cobrar de Caracas.

Esto decía Garzón el 11 de marzo de 2011 cuando predecía a los asistentes que iba a ser apartado de la carrera judicial –“seguiré siendo magistrado aun cuando a partir de un momento determinado deje de serlo", como finalmente ocurrió en 2012 al ser condenado por ordenar grabar las conversaciones de abogados Gürtel. El término usado por el aún juez estaba bien escogido: arropar. Sabía que ese evento era mucho más que la presentación de su libro, La Fuerza de la Razón.

Compromiso o "amistad especial"

Era su despedida por el peligro de una condena. Hacía falta un compromiso o amistad especial para acudir a tal acto de homenaje a un magistrado ya suspendido y que arrastraba entonces tres procesos penales por prevaricación, dictar a sabiendas resoluciones injustas. Incluidas, Gürtel aparte, una causa por cobros irregulares en sus cursos de Nueva York bajo sospecha de estar relacionados con su actividad judicial y su actuación sobre los crímenes del franquismo. Sólo fue condenado por Gürtel. Pero los destinos de Guevara y Garzón se volverían a cruzar con Carvajal.

El 17 de septiembre de 2019 la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, con Guevara a su cabeza como ponente, deniega extraditar a Carvajal. Dicta un auténtico varapalo contra EEUU: no se precisan qué actos concretos con carácter delictivo cometió; los hechos que se le imputan como militar y director del Servicio de Inteligencia encajarían dentro de un delito militar, siendo un motivo obligatorio de denegación de la extradición a tenor del tratado de extradición entre España y Estados Unidos.

“Por último, cabría entender que la reclamación se fundamenta en una motivación política al demandarse la entrega de Hugo Armando Carvajal por su condición de exdirector de los servicios de inteligencia militar durante las presidencias de Chávez y Maduro, dentro de la estrategia política estadounidense respecto a Venezuela. Causa de denegación por razones políticas que el instrumento atribuye a la decisión del gobierno de la parte requerida”.

El giro de Guevara

Entonces era un mero pulso jurídico con Estados Unidos. Carvajal no era una amenaza para España. El pasado 21 de octubre, con las mismas pruebas, esta sala presidida por Guevara, urge la extradición de Carvajal.

Esto se produce semanas después que The Objective informase que Carvajal había entregado al juez Manuel García Castellón una orden de PDVSA de 2016 para la contratación por casi 9 millones de euros de Ilocad, el bufete de Baltasar Garzón, el juez arropado años atrás por Guevara cuando lidiaba con tres frentes de delitos.

Ilocad matizó que el contrato le vino de la mano de Squire Patton, bufete norteamericano cliente de PDVSA y defensor de los narcosobrinos de Maduro, y que la cantidad abonada fue menor. El escrito aportado por el Pollo plasmaba que su elección y valoración económica radicaba, entre otros, en la capacidad del bufete de Garzón para coordinarse con fiscales y jueces españoles y en sus anteriores excelentes trabajos para el gobierno venezolano.

Pero la sala de Guevara no sólo imprime una inusual beligerancia contra García Castellón en su auto. Falsea datos. Reprocha a Castellón que no le haya interrogado a Carvajal durante los “casi dos años” que lo tuvo a su alcance desde abril de 2019 y, “tampoco entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021”.

La Sala de Guevara ha empatizado con el vértigo gubernamental para extraditar a Carvajal. Interior ocultó la fecha real de petición de su extradición.

Olvida la sala del arropador Guevara dos hechos: García Castellón no tenía nada que interrogar a Carvajal. No instruía una causa, sólo tramitaba una detención en nombre de EEUU. Y, para colmo, oculta que entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021 Carvajal estuvo fugado. Mal podía interrogarlo el juez.

Vértigo del Gobierno

García Castellón ha empezado a interrogarlo hace escasas semanas sólo cuando Carvajal ha querido documentarle y relatarle presuntas corruptelas de su Gobierno vinculadas con dirigentes de Podemos, PSOE …o abogados.

Delgado se ve salpicada por los negocios de Garzón con el régimen de Venezuela

Esto lo consideran los Guevara boys una estrategia “dilatoria” del Pollo, pero no menor que la ejercida por el reclamado por Suiza Hervé Falciani con el aval de la fiscal Dolores Delgado y el abogado Baltasar Garzón que le ha llevado a tener un cargo público en Valencia mientras dormita su extradición.

La Sala de Guevara ha empatizado con el vértigo gubernamental para extraditarlo. Interior ocultó la fecha real de petición de extradición, 1 de mayo, y la cambió a 13 de junio de 2019, para facilitar que la CIAR, comisión interministerial que las aprueba, considerara que era mero un ardid para evadir la extradición, solicitada el 10 de mayo.