Otro nuevo escándalo judicial cerca a los sindicatos andaluces de las mariscadas

A los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras en Andalucía se les abre un nuevo frente judicial. Esta vez la Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia penal contra sus antiguos responsables por haberse apropiado 6,7 millones de euros de fondos públicos y que aún adeuda a la Junta de Andalucía.

La denuncia, que ha sido interpuesta a instancias de la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, apunta directamente a los líderes sindicales de CCOO, Julio Ruiz Ruiz y Francisco Carbonero Cantador, y el ex líder de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, investigado anteriormente por las facturas falsas utilizadas para desviar subvenciones de formación, al igual que a Federico Fresneda Herrero. Además, han sido denunciadas dos exsecretarias de Servicios de CCOO, Juana Mancilla y Maribel Hernández Martínez.

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 La investigación se centra en la colaboración existente entre la Junta de Andalucía y los sindicatos mayoritarios, en el proceso de adjudicación de las plazas de las residencias de tiempo libre de la Administración andaluza, según el cual los sindicatos debían abonar a la Junta un 80 por ciento de lo recaudado, reteniendo el 20 por ciento restante en concepto de gastos de gestión. Pero incumplieron este compromiso entre 2003 y 2006.

Tras la investigación de la Guardia Civil, según la Fiscalía, se ha podido concretar que las cuantías presuntamente apropiadas y no liquidadas en el periodo comprendido entre 2000 y 2006 por UGT ascienden a 2.699.365,78 euros, y CCOO a un total de 4.025.433,92 euros.

Por ello, además se está investigando a los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, por un posible delito de prevaricación omisiva al haber permitido la apropiación de estas cantidades.

Pero lo más grave de este asunto, que fue descubierto por casualidad por el nuevo Gobierno andaluz, es que ya el Ejecutivo de Susana Díaz conocía la existencia de este fraude y recurrió a la vía contencioso administrativa pero los delitos ya estaban prescritos, rehusando acudir a la vía penal como en este caso.

Por ello, y tras descubrir la documentación que corroboraba la supuesta apropiación de estas cantidades de dinero, desde la Asesoría Jurídica de la Junta se recomendó al Gobierno autonómico iniciar las acciones legales oportunas para que la suma retenida retorne a las arcas públicas, algo que, aún sabiéndolo no hizo Susana Díaz.